El 22 de agosto de 1972, 16 militantes del ERP, FAR y Montoneros fueron fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew, por la dictadura militar autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973). La masacre se convirtió en un hito del terrorismo de Estado y dejó una marca indeleble en la historia de la lucha popular argentina.

La tragedia comenzó con la fuga del Penal de Rawson el 15 de agosto de 1972, cuando 110 presos políticos intentaron evadir a las fuerzas represivas. Seis de los jefes lograron escapar y llegar a Chile, mientras los demás fueron recapturados y trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar. Allí, en la madrugada del 22 de agosto, fueron ametrallados por marinos bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo, falleciendo 16 de ellos y resultando heridos tres sobrevivientes que pudieron testimoniar los hechos.

Entre los fusilados se encontraban Alejandro Ulla, Ana María Villarreal de Santucho, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti y Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP); Alfredo Kohan, Carlos Astudillo y María Angélica Sabelli (FAR); y Mariano Pujadas y Susana Lesgart (Montoneros), junto a Carlos Alberto del Rey y Clarisa Lea Place. Sus vidas fueron cortadas por la represión, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y compromiso político.

La cadena de mando de la masacre incluyó al presidente de facto y comandante en jefe del Ejército, teniente general Alejandro Agustín Lanusse; al almirante Carlos Guido Natal Coda, comandante en jefe de la Armada; al brigadier general Carlos Rey, comandante en jefe de la Fuerza Aérea; al contralmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto; al general de brigada Eduardo Ignacio Betti; y a oficiales como Rubén Norberto Paccagnini, Luis Emilio Sosa y Roberto Bravo. La ejecución de los fusilamientos fue premeditada, mientras el gobierno difundía una versión oficial que intentaba simular un nuevo intento de fuga.

La respuesta judicial llegó décadas después. En 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino a prisión perpetua, declarando los crímenes como de lesa humanidad. En 2014, la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas y anuló absoluciones parciales. En 2022, Bravo fue hallado civilmente responsable en Estados Unidos y obligado a indemnizar a las familias de las víctimas, reafirmando la dimensión de justicia que exigieron los fusilados con su lucha y sacrificio.

La memoria de la masacre se preserva también en monumentos y producciones culturales. En 2014 se levantó un monumento en la entrada de la Base Aeronaval Almirante Zar, con las columnas verticales que recuerdan Memoria, Verdad y Justicia. Documentales como “Trelew: la fuga que fue masacre” reconstruyen los hechos con testimonios de sobrevivientes, filmaciones de época y análisis históricos, consolidando la memoria colectiva y el homenaje a quienes cayeron.

En la Argentina actual, donde sectores negacionistas buscan minimizar el terrorismo de Estado, la masacre de Trelew cobra nueva relevancia. Mantener viva la memoria de estos hechos es un acto de resistencia frente a la impunidad y la manipulación histórica. Recordar a los fusilados, los responsables y los juicios tardíos fortalece la democracia y educa a las nuevas generaciones sobre la importancia de defender los derechos humanos y repudiar cualquier intento de relativizar la violencia estatal.

Recordar la Masacre de Trelew es reafirmar la importancia de la memoria histórica y la justicia frente al terrorismo de Estado. Es un acto de compromiso político: mantener vivos los nombres de los fusilados, visibilizar a los perpetradores y preservar la verdad es un deber con la historia, con los sobrevivientes y con las generaciones futuras. Trelew sigue siendo un faro de conciencia, lucha y dignidad popular.