El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dispuso el pase a disponibilidad de trabajadorxs en el INTA, INV, JST, INASE y ANSV, pese a que el Senado había rechazado los decretos de disolución. La medida pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y vulnera la soberanía legislativa, profundizando la ofensiva del gobierno de Javier Milei contra el Estado.

El Ejecutivo avanzó sobre organismos clave mientras el Congreso anulaba las disposiciones que permitían su disolución, demostrando un claro desconocimiento del poder legislativo y de la función de control que le otorga la Constitución. La justificación oficial se apoya en la Ley Bases, que contemplaba la supresión de funciones tras la eliminación de entes públicos, pero con la anulación parlamentaria, estas medidas carecen de sustento legal y constituyen un atropello institucional. Además de vulnerar la legalidad, la decisión de Caputo expone una política deliberada de vaciamiento del Estado, en la que se priorizan los intereses del mercado por sobre el bienestar de la sociedad y la estabilidad de los organismos estratégicos.

El doble impacto es evidente: se ignora la voluntad del Congreso y se afecta directamente a lxs trabajadorxs estatales, quienes cumplen funciones esenciales en áreas como la investigación científica, la producción nacional y la seguridad vial. Estas acciones no solo debilitan la estructura operativa de los organismos, sino que también envían un mensaje de disciplinamiento sobre el sector público, en el marco de un plan más amplio de ajuste y recorte de derechos laborales. La medida amenaza con alterar el equilibrio institucional, al permitir que el Ejecutivo avance sobre la administración del Estado sin frenos legales ni políticos.

Desde ATE Capital denunciaron la maniobra como autoritaria e ilegal, alertando sobre las graves consecuencias sociales y económicas de estos despidos. En un comunicado, el gremio subrayó que el gobierno pretende disfrazar los despidos y el vaciamiento de funciones estratégicas como “modernización del Estado”, cuando en realidad se trata de un recorte profundo de capacidades estatales y entrega de funciones al sector privado. La organización exigió la reversión inmediata de las disposiciones y el respeto a lo decidido por el Congreso, reiterando que no se puede permitir que el ajuste se imponga por sobre la democracia y los derechos laborales.

El avance de Caputo refleja la orientación general del gobierno de Javier Milei: un Estado desfinanciado, subordinado al mercado y debilitado en sus funciones esenciales. La política de vaciamiento no solo afecta la vida de lxs trabajadorxs, sino que pone en riesgo la capacidad de planificación, producción e investigación del país. La resistencia del sector público y la vigilancia del Poder Legislativo aparecen como herramientas fundamentales para frenar esta política de ajuste encubierto y proteger la soberanía productiva y científica de Argentina, en defensa de un Estado que cumpla con su rol estratégico y social.