Trabajadores y sindicatos energéticos advierten sobre los riesgos de privatizar el complejo hidroeléctrico, clave para la estabilidad del sistema eléctrico y la transición energética en Argentina.

La Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicio y Afines (FeTIA / CTA-T) expresó su rechazo a las declaraciones del candidato a senador por La Libertad Avanza en Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, quien se pronunció a favor de la privatización de Salto Grande. La central hidroeléctrica, que produce entre el 4 y el 6 por ciento del consumo energético nacional, es un activo estratégico tanto para la generación de energía a bajo costo como para garantizar la estabilidad del sistema interconectado argentino.

Pedro Wasiejko, secretario general de FeTIA, destacó que Salto Grande no solo provee energía económica sino que asegura un sistema de interconexión confiable, fundamental en momentos de alta demanda y escasa generación, especialmente ante los récords de precios de los combustibles fósiles. Por su parte, Sergio Benítez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Argentinos de Salto Grande (SIATRASAG), resaltó la eficiencia del complejo: “Con más de 40 años de operación, es un ejemplo mundial de eficiencia, calidad y eficacia, produciendo la energía más barata del país”.

El complejo no solo genera electricidad, sino que también administra alrededor de 400 kilómetros de líneas y cuatro subestaciones de transmisión de 500 kV, brindando servicios esenciales para la estabilidad del SADI (Sistema Argentino de Interconexión). Durante el colapso total de junio de 2019 y el parcial de marzo de 2023, Salto Grande fue determinante en la recuperación del sistema, demostrando la excelencia técnica de su personal y la óptima mantención de sus instalaciones.

Además de su rol energético, el complejo mantiene una presencia activa en las comunidades locales, independientemente de gobiernos, ideologías o partidos políticos, consolidándose como un patrimonio público. “Pretender entregar Salto Grande a privados sería apropiarse del esfuerzo y los recursos del pueblo argentino”, advirtió Benítez, subrayando la solvencia y reputación del organismo.

La FeTIA y los sindicatos que integran el sector remarcan que la privatización de Salto Grande no solo amenaza la estabilidad eléctrica y la transición energética, sino que también pone en riesgo un bien estratégico construido y sostenido por generaciones de trabajadores y la sociedad en general.