El 21 de agosto de 1947 el Congreso sancionó la Ley 13.010, que otorgó a las mujeres argentinas el derecho a votar y ser elegidas. A casi ocho décadas, la conquista convive con intentos de retroceso, desde los ataques a la paridad política hasta el debilitamiento de políticas de género en el Estado.

La sanción de la Ley 13.010 representó un hito en la historia argentina. Ese día, las mujeres dejaron de ser ciudadanas de segunda clase para convertirse en protagonistas plenas de la vida democrática. Fue el fruto de luchas feministas que se habían iniciado a comienzos del siglo XX y que encontraron en Eva Perón y en el peronismo la fuerza política capaz de convertir una demanda postergada en ley.

Antes de 1947, distintos proyectos habían intentado abrir las puertas de la política a las mujeres. Julieta Lanteri, Alicia Moreau de Justo y Elvira Rawson de Dellepiane fueron pioneras en esa pelea, pero sus iniciativas fueron sistemáticamente rechazadas. Algunas provincias, como San Juan en 1927 y Santa Fe en experiencias municipales, permitieron avances parciales, aunque insuficientes. La sanción de la Ley 13.010 fue la primera medida efectiva de alcance nacional.

Eva Perón tuvo un papel determinante no solo en la aprobación de la ley, sino en la organización política que le dio continuidad. Dos años más tarde, en 1949, fundó el Partido Peronista Femenino, que llegó a desplegar más de 3.600 unidades básicas a lo largo del país. Fue una experiencia inédita en el mundo: un partido integrado exclusivamente por mujeres, con capacidad de movilización, formación política y construcción de poder.

El debut del voto femenino se produjo en las elecciones de 1951. Más de 3,8 millones de mujeres acudieron a las urnas, lo que representó casi el 79% del padrón femenino. Por primera vez, 23 diputadas y 6 senadoras ocuparon bancas en el Congreso de la Nación. Entre ellas se destacó Delia Parodi, quien llegó a ser vicepresidenta primera de la Cámara, consolidando la presencia de las mujeres en un espacio hasta entonces vedado.

El impacto fue profundo. El voto femenino no solo amplió derechos, sino que transformó la democracia argentina. La representación política dejó de ser monopolio masculino y pasó a reflejar, aunque de manera incipiente, la diversidad social. Se trató de un paso clave hacia una democracia popular, donde la igualdad política no era un gesto retórico sino un hecho concreto impulsado desde el Estado.

Hoy, a 78 años de aquel logro, el legado del voto femenino se enfrenta a desafíos urgentes. La persistencia de la violencia política de género, las trabas para acceder a cargos ejecutivos y las iniciativas que buscan eliminar la paridad en las listas legislativas muestran que los derechos conquistados pueden retroceder. Incluso en el plano internacional, la actual política exterior argentina ha votado contra resoluciones de la ONU orientadas a la protección de mujeres y niñas, un retroceso que contradice la tradición histórica del país en materia de derechos humanos.

El 21 de agosto no es solo una efeméride: es un recordatorio de que los derechos se conquistan, se ejercen y se defienden. El voto femenino fue una victoria irrenunciable que abrió el camino hacia una sociedad más justa. Honrarlo implica no solo recordar el pasado, sino también asumir la responsabilidad de proteger y profundizar la igualdad en el presente.