Más de 20 jefes comunales, junto al ministro Katopodis, presentarán una demanda penal por el desvío de fondos destinados a obras viales. Las rutas paralizadas y el deterioro de la infraestructura son el foco del reclamo.

En un hecho inédito, más de 20 intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición, se unieron para presentar una demanda penal contra el gobierno nacional por el abandono de obras en rutas nacionales y el desvío de fondos que, por ley, debían destinarse a infraestructura vial. La presentación judicial, que será formalizada este jueves, apunta directamente al Ministerio de Economía, al Banco Nación, a la Dirección Nacional de Vialidad y a la empresa concesionaria Corredores Viales S.A.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó la reunión en Luján, donde los intendentes firmaron la demanda. “Le estamos pidiendo a la Justicia Federal que ordene al gobierno nacional reiniciar todas las obras, con carácter de urgente”, afirmó Katopodis, quien destacó que “está en riesgo la vida de nuestras familias”.

El reclamo se centra en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley debe destinar el 28,58% de su recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. De ese monto, el 50% corresponde a Vialidad Nacional para el mantenimiento y construcción de rutas. Sin embargo, durante 2024, el gobierno nacional no transfirió 200 mil millones a Vialidad, a pesar de haber recaudado mas de 2,5 billones gracias al aumento del 250% en el precio de las naftas. Además, el Impuesto PAIS, que debía financiar obras de infraestructura, solo ejecutó $38,77 mil millones, un 2% de lo que correspondía por ley. “¿Dónde están esos fondos si la obra pública está frenada?”, cuestionó Katopodis, quien recordó que, desde que Javier Milei asumió, las naftas se encarecieron más del 250%, pero las rutas siguen en el abandono.

La provincia de Buenos Aires cuenta con 9 rutas nacionales que atraviesan 57 municipios y suman más de 4 mil kilómetros. Según el informe de la cartera de Infraestructura, la inversión de Vialidad Nacional en la provincia cayó un 85,9% durante 2024, siendo la más perjudicada por los recortes a nivel nacional. Entre las obras clave paralizadas se encuentran la Autopista Presidente Perón, con tres tramos inconclusos (86%, 96% y 85% de avance), la Autopista RN 7 Luján-Junín (10% de avance), y la transformación en autovía de la Ruta Nacional 3 (47% de avance). También están paralizados los accesos a Bahía Blanca (44% de avance) y la duplicación de calzada Bahía Blanca – Tornquist (60,35% de avance).

Más allá de las diferencias políticas, los intendentes coincidieron en la gravedad de la situación. Matías Nebot, de Saavedra, destacó que “somos un distrito netamente agropecuario, y hoy esas rutas no solo están en muy mal estado, sino que hay obras sin terminar y no hay mantenimiento”. Por su parte, Iván Villagrán, de Carmen de Areco, calificó la situación como “muy preocupante”, recordando una reciente tragedia en la Ruta 7 donde perdieron la vida policías que viajaban a San Nicolás. “Tienen la plata para poder avanzar y no la están usando”, afirmó. Mauro Poletti, intendente de Ramallo, señaló que “es peligroso que sobre el puente de la Ruta Nacional 9 haya un bache que genera rotura de vehículos y siniestros”. Además, comparó la gestión actual con la de Katopodis al frente de Obras Públicas de Nación: “Con un peaje de 200 pesos no solo se hacía el mantenimiento, sino que también se realizó el recambio de luminarias. Hoy el peaje está 1.300 pesos, pero no son capaces de tapar un bache”.

Con esta demanda, los intendentes buscan que la Justicia obligue al gobierno nacional a retomar las obras y garantizar la seguridad vial en las rutas bonaerenses.