La Justicia federal investiga posible uso de fondos públicos para intimidar a la prensa

El presidente Javier Milei fue imputado formalmente por presuntas amenazas y hostigamiento hacia la periodista Julia Mengolini, en una causa a cargo del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. La investigación también alcanza a la diputada nacional Lilia Lemoine, al productor Santiago Oría y al influencer Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, y busca determinar si estas acciones contaron con coordinación o financiamiento desde el Estado, afectando de manera directa la seguridad de la periodista y la libertad de prensa en el país.

El expediente analiza delitos que incluyen intimidación pública, amenazas, malversación de fondos estatales, apología del crimen y asociación ilícita, en un contexto de creciente presión y campañas de hostigamiento dirigidas contra voces críticas. El juzgado federal dictó medidas de protección, como custodia policial y entrega de botón antipánico para Mengolini y su entorno cercano, además de requerir a las plataformas digitales información sobre usuarios y publicaciones vinculadas a la difusión de contenido violento o manipulado.

El conflicto se originó tras declaraciones de Mengolini en un programa televisivo, que derivaron en respuestas públicas de Milei y la viralización de un video manipulado mediante inteligencia artificial, mostrando a la periodista en una situación íntima con un familiar. Según denunció Mengolini, se trató de una campaña de hostigamiento organizada desde sectores vinculados al gobierno, con el objetivo de silenciar críticas y amedrentar a periodistas independientes.

Juan Grabois, abogado de la periodista, subrayó que la causa investiga la posible existencia de una red de acoso coordinada desde el Estado y financiada con recursos públicos, destacando avances en la recolección de pruebas y la identificación de responsables. “Algún límite tienen que tener. El que las hace las paga”, afirmó, remarcando que la investigación protege derechos fundamentales y busca esclarecer hechos graves.

La causa también plantea interrogantes sobre responsabilidad institucional y límites del poder, al poner en evidencia la magnitud de los ataques y el hostigamiento sufridos por la periodista. La imputación a Milei y su entorno refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de que la Justicia actúe con transparencia, protegiendo la libertad de prensa y los derechos de quienes ejercen la labor de informar en el país.