La caída de exportaciones, la liberación de aranceles a la chatarra y la recesión interna golpean a un sector clave. Aunque los sindicatos descartan que estos factores afecten los acuerdos paritarios, advierten sobre el riesgo de que las empresas utilicen el contexto para recortar derechos laborales. Mientras tanto, el gobierno demora la homologación de los convenios y la incertidumbre crece.

La industria metalúrgica, con epicentro en el corredor de la Ruta 9 y en el distrito de La Matanza, atraviesa una de sus peores crisis en años. Sus principales clientes —la construcción, la industria automotriz y el campo— están en plena contracción, mientras que la liberación de aranceles a la exportación de chatarra encarece la materia prima. A esto se suma la incertidumbre generada por las nuevas medidas arancelarias de Estados Unidos, que podrían afectar las exportaciones de acero y aluminio. A pesar de este panorama, los referentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) entienden que la caída de las exportaciones a Estados Unidos, tanto para el Grupo Techint como para Aluar, es un "negocio menor" que no debería impactar en los acuerdos paritarios ni en la estabilidad laboral. Sin embargo, no descartan que las empresas intenten utilizar este contexto como argumento para presionar a los trabajadores.

La rama 17 del Convenio Colectivo de Trabajo, la más numerosa, cerró una paritaria del 12% a mediados de enero, con incrementos decrecientes a lo largo del año. Sin embargo, el acuerdo aún no fue homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, lo que genera preocupación entre los sindicalistas. Las versiones de un posible plan "paritaria cero", que impediría cualquier aumento por encima de la inflación, han puesto en alerta al sector. La demora en la homologación no solo afecta a los trabajadores, sino que también representa un desafío para Paolo Rocca, titular del Grupo Techint y principal representante del sector empresario. Curiosamente, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, proviene de Techint y fue designado en el cargo gracias a la gestión de Rocca. Esta conexión añade un matiz de tensión al escenario, ya que una negativa del gobierno podría generar conflictividad adicional en un sector ya golpeado.

La planta Tenaris de San Nicolás, propiedad de Techint, anunció a fines de 2024 una reestructuración para reducir al menos un 15% sus costos y recuperar competitividad frente al acero brasileño. Aunque hasta ahora se han evitado despidos gracias a una mesa de trabajo entre ejecutivos y sindicalistas, la situación sigue siendo frágil. La próxima reunión paritaria, inicialmente programada para este jueves, fue pospuesta para dentro de dos semanas, con la esperanza de que para entonces la paritaria metalúrgica ya esté homologada. En Villa Constitución, Santa Fe, la planta de Acindar —también propiedad de Techint— implementó un cronograma de suspensiones que abarca todo el año. La situación es similar en la planta de La Matanza, donde la crisis ha dejado a los trabajadores en un limbo laboral.

Por su parte, Aluar, la principal productora de aluminio del país, enfrenta desafíos en su planta de Abasto, en el Gran La Plata. Aunque la nueva tasa arancelaria de Estados Unidos afectaría principalmente a la planta de Chubut, la incertidumbre sobre el impacto en la facturación ha generado preocupación. La empresa, que emplea a más de 400 trabajadores en Abasto, fabrica productos de alto valor agregado para sectores como la construcción, la industria farmacéutica y la alimenticia, todos golpeados por la recesión. Aluar comenzó recientemente la construcción de un parque eólico en Chubut para mejorar su balance energético, utilizando molinos importados de origen danés. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es si la empresa seguirá invirtiendo en un contexto de restricciones al ingreso de divisas y pérdida de mercados clave.

La familia Madanes Quintanilla, propietaria de Aluar y de la marca de neumáticos Fate, ha mantenido una relación más cautelosa con el gobierno de Javier Milei en comparación con Paolo Rocca. Recientemente, Javier Madanes Quintanilla afirmó que "va a pasar mucho tiempo antes de que Argentina pueda funcionar sin control de cambios", en lo que pareció un guiño a la política oficial de mantener el cepo cambiario. Sin embargo, esta postura no fue bien recibida por figuras como Luis Caputo, Manuel Adorni y José Luis Espert, quienes salieron al cruce de sus declaraciones.

Mientras la industria metalúrgica y del aluminio navegan en aguas turbulentas, el presidente Milei se prepara para viajar a Estados Unidos la próxima semana. La pregunta que muchos se hacen es si el gobierno mostrará reflejos para defender los mercados que tambalean o si, por el contrario, dejará a los trabajadores y las empresas librados a su suerte. En un contexto de recesión y ajuste, la respuesta podría definir el futuro de miles de puestos de trabajo y de una industria clave para el país.