Las centrales obreras acusan al Gobierno de realizar tareas de inteligencia prohibidas sobre organizaciones sindicales, dirigentes políticos y movimientos sociales. Exigen que se investigue hasta las últimas consecuencias.

Los secretarios generales de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Hugo "Cachorro" Godoy, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presunto espionaje ilegal. Según la presentación judicial, el Gobierno habría desplegado tareas de inteligencia sobre actividades gremiales, políticas y sociales absolutamente legítimas.

La denuncia fue radicada en la justicia federal tras la publicación de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, el pasado 3 de agosto. Allí se revelan documentos reservados de la SIDE que detallan el seguimiento de marchas de jubilados, actos culturales, asambleas populares y movilizaciones sindicales. Los informes, que registran nombres, recorridos, horarios y objetivos de los eventos, no aluden a amenazas a la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras.

Ambas centrales obreras aparecen mencionadas en los documentos filtrados, junto a otras expresiones del sindicalismo y los movimientos sociales. Para las CTA, se trata de un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Nº 25.520) y atenta contra derechos constitucionales como la privacidad, la libertad de expresión y la participación política. “Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”, advirtieron.

La presentación judicial solicita que se determine si existió una orden judicial que habilitara dichas tareas, y en su defecto, se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el propio presidente Milei como máxima autoridad del sistema de inteligencia nacional. También exigen ser notificadas del avance de la causa para constituirse como querellantes, en representación de los trabajadores y trabajadoras potencialmente espiados.

Desde las centrales obreras alertaron sobre la gravedad institucional del hecho, que remite a prácticas del pasado autoritario argentino. “No hay justificación legal ni política para estas maniobras ilegales que buscan amedrentar a quienes luchan por sus derechos”, señalaron.