La comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), dio dictamen a dos proyectos que modifican el Código Penal y Procesal. Las iniciativas buscan agravar penas por reincidencia y habilitar juicios en ausencia del imputado. Organismos de derechos humanos advierten sobre riesgos de criminalización.

La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto (LLA), se reunió este miércoles para tratar dos proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados. El primero propone modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas. El segundo aborda la modificación al Código Procesal Penal y Código Procesal Federal para habilitar juicios en ausencia del imputado. Ambos proyectos obtuvieron dictamen y serán debatidos en el recinto.

El proyecto sobre juicios en ausencia establece que los procesos judiciales podrán avanzar incluso cuando el acusado no comparezca ante el tribunal. Pagotto defendió la iniciativa argumentando que “le estamos debiendo un reclamo de justicia a la sociedad”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que esta medida podría vulnerar garantías procesales y derechos fundamentales, especialmente en casos de persecución política o criminalización de la protesta social.

El segundo proyecto, que busca agravar las penas para reincidentes y quienes cometen varios delitos sin haber sido condenados, también generó controversia. Según la iniciativa, se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme. Pagotto describió el tema como “extremadamente técnico” y destacó que fue ampliamente discutido en Diputados. No obstante, críticos señalan que esta reforma podría profundizar la sobrepoblación carcelaria y la criminalización de sectores vulnerables.

Los bloques políticos coincidieron en la necesidad de convocar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y a otros especialistas para profundizar aspectos de ambos proyectos. Los senadores acordaron un nuevo encuentro para el próximo martes, donde se espera que se amplíe el debate y se escuchen las voces de organizaciones de derechos humanos y expertos en materia penal.

Mientras el oficialismo impulsa estas reformas como una respuesta a la “inseguridad”, organizaciones sociales y de derechos humanos advierten sobre los riesgos de avanzar con medidas que podrían consolidar un sistema penal más represivo y menos garantista. “Estas iniciativas apuntan a criminalizar aún más a los sectores más vulnerables y a debilitar las garantías procesales”, afirmó un referente de una organización de derechos humanos consultado por este medio.

El debate en el Senado promete ser intenso, especialmente en un contexto donde las políticas de seguridad del gobierno de Javier Milei han sido cuestionadas por su enfoque punitivo y su falta de perspectiva social. Mientras tanto, las reformas avanzan, y con ellas, las preocupaciones sobre su impacto en los derechos fundamentales y en el sistema de justicia.