El presidente oficializó el veto a tres leyes que contemplaban mejoras para jubilados, trabajadores informales y personas con discapacidad. La oposición enfrenta ahora el desafío de revertir la medida en el Congreso.

El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres leyes sociales recientemente aprobadas por el Congreso, a través del decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial. Las normas vetadas establecían un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios y la creación de un bono permanente de 110.000 pesos para acompañar la pérdida del poder adquisitivo. Además, reinstalaban por dos años la moratoria previsional, facilitando el acceso a la jubilación para quienes no cuentan con los 30 años de aportes requeridos, y declaraban la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, con medidas para mejorar la cobertura y compensar a los prestadores del sistema.

Desde el Ejecutivo, el veto fue justificado señalando que estas leyes representan un costo fiscal “exorbitante”, estimado en más de 7 billones de pesos para 2025 y cerca de 17 billones para 2026, lo que según el Gobierno dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales y pondría en riesgo el equilibrio presupuestario, calificado como “innegociable”. También se cuestionó la legalidad del procedimiento legislativo, argumentando que la sesión del Senado del 10 de julio pasado, donde se sancionaron las leyes, se realizó sin la citación previa correspondiente.

Con esta decisión, la discusión parlamentaria se reabre en un contexto de alta inflación y deterioro social, donde los sectores más vulnerables enfrentan dificultades crecientes para sostener sus ingresos y acceder a derechos básicos. La oposición deberá reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para poder insistir y convertir en ley los proyectos vetados por el presidente, un escenario político complejo y polarizado.

Las organizaciones sociales y gremiales ya manifestaron su rechazo al veto y preparan acciones para exigir la restitución de las normativas que buscan proteger a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores informales, reafirmando la necesidad de políticas públicas que respondan a las demandas sociales urgentes.