La propuesta del gobierno porteño generó rechazo y denuncia de la oposición, que advierte sobre la invisibilización de la pobreza y la falta de políticas reales de inclusión.

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una nueva polémica a raíz del proyecto impulsado por el oficialismo porteño que prevé multas de hasta $900.000 para quienes sean sorprendidos hurgando en la basura. La iniciativa, que busca desalentar esta práctica socialmente estigmatizada, fue duramente cuestionada por sectores opositores y referentes sociales que la califican como una medida represiva y alejada de la realidad que atraviesan miles de familias.

La legisladora Claudia Neira fue una de las voces más contundentes en repudiar la medida. En su cuenta de Twitter, Neira sostuvo que “¿a quién le gusta hurgar la basura?”, y alertó que la propuesta responde a un intento por ganar réditos políticos “con el aplauso de Milei”, sin atender las verdaderas causas de la problemática social.

Además, la diputada reclamó al gobierno de la Ciudad que deje “las matoneadas” y se enfoque en “limpiar la mugre” real que afecta al distrito: la pobreza creciente, la falta de políticas integrales de reciclado y recuperación de residuos, y la ausencia de planes de inclusión para quienes sobreviven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Especialistas y organizaciones sociales señalan que hurgar en la basura no es una elección, sino una necesidad ante la falta de acceso a alimentos y recursos básicos. En ese sentido, advierten que penalizar esta conducta solo profundiza la exclusión y la marginalidad, y no contribuye a resolver el problema estructural.

La Ciudad de Buenos Aires, con más de tres millones de habitantes, enfrenta desafíos complejos en materia social y ambiental. Mientras la basura crece y la crisis socioeconómica se profundiza, las políticas públicas requieren enfoques que promuevan la inclusión y la justicia social, no medidas punitivas que estigmaticen a los sectores más vulnerables.

Esta controversia se suma a otras decisiones polémicas de la administración porteña, que han generado cuestionamientos en torno a la prioridad que se le otorga a los derechos humanos y la protección social.