La Provincia de Buenos Aires denunció el freno total de la obra pública nacional y un vaciamiento que compromete la seguridad, el desarrollo y la infraestructura de millones de argentinos.

En una conferencia de prensa encabezada por los ministros Gabriel Katopodis y Carlos Bianco, junto a la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó un balance demoledor sobre el estado de la obra pública en el distrito más poblado del país. A 600 días del inicio de la gestión de Javier Milei, el panorama es alarmante: mil obras paralizadas, rutas en condiciones críticas, fondos nacionales no transferidos y una inversión pública que retrocede décadas.

“El presidente Milei frenó mil obras en toda la provincia y se robó la plata de los impuestos que por ley están destinados a infraestructura”, denunció Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense. “Con Milei la obra pública no vuelve más. Destruyeron en un año y medio toda la infraestructura. Nos va a salir muy caro recuperar lo perdido”, agregó.

Desde el 10 de diciembre de 2023, el gobierno nacional paralizó mil obras en los 135 municipios de la provincia, provocando un perjuicio directo en la calidad de vida de millones de bonaerenses. A esto se suma un recorte brutal: $5,3 billones de fondos coparticipables y transferencias obligatorias que no fueron giradas por la Nación a la Provincia.

A pesar de que en 2024 y el primer semestre de 2025 el Estado nacional recaudó $3,6 billones a través de impuestos específicos destinados a infraestructura —como el Impuesto PAIS, SISVIAL y el fondo para obras hídricas— ese dinero no fue ejecutado, violando abiertamente las asignaciones legales. Sólo el Impuesto PAIS representa $2,6 billones que deberían haberse invertido en obra pública.

Las consecuencias son visibles. El porcentaje de rutas en mal estado creció al 29% y no se construyó un solo kilómetro nuevo desde el inicio de la actual gestión nacional. Las rutas en buen estado cayeron del 54,9% al 47,5%. Además, se estima que el costo de recuperación de la infraestructura abandonada alcanzará los 40.773 millones de dólares, diez veces más que el costo de mantenimiento anual habitual.

Frente a este desmantelamiento, el gobierno de Axel Kicillof tomó una decisión política clave: sostener la obra pública provincial como motor de desarrollo y empleo. En 2024, la provincia ejecutó $720.100 millones en obras y proyecta duplicar esa cifra en 2025, alcanzando $1,3 billones. Desde 2019, la gestión bonaerense cuenta con una cartera de 4.831 obras y proyectos por un valor actualizado de $10,8 billones, de los cuales 2.286 ya fueron finalizados.

Las obras se distribuyen en múltiples áreas estratégicas: conectividad y logística (510), gestión del recurso hídrico (1.273), infraestructura urbana (2.259), infraestructura del cuidado (675) y energía sostenible (114). Todas ellas alcanzan a los 135 municipios de la provincia.

La parálisis de la obra pública nacional no es sólo un problema económico. Es una decisión política que impacta en la salud, la educación, la seguridad vial y el acceso a derechos básicos. Mientras el Gobierno Nacional desmantela, la provincia resiste y construye.