Los ministros de Milei exhiben fortunas millonarias y una preocupante concentración de riqueza, mientras el pueblo argentino sufre la inflación, el ajuste y la precarización.

El reciente informe sobre las declaraciones juradas del Gabinete nacional revela un cuadro inquietante: la mayoría de los funcionarios que integran el gobierno de Javier Milei cuentan con patrimonios millonarios que crecen en plena crisis social y económica. La concentración de bienes y el traslado masivo de capitales al exterior son una expresión concreta de las contradicciones de un proyecto político que defiende el libre mercado pero profundiza las desigualdades.

Gerardo Werthein, ministro de Relaciones Exteriores, lidera el ranking patrimonial con un patrimonio declarado que supera los 90 mil millones de pesos. Sus bienes incluyen departamentos en Buenos Aires, Punta del Este y Madrid, terrenos en Uruguay, autos de lujo y más de 11 mil millones en fideicomisos inmobiliarios en Argentina y Uruguay. Además, concentra más de 3.400 millones en inversiones en el exterior.

Le siguen de cerca Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, ministros de Justicia y Economía, respectivamente, ambos con patrimonios superiores a los 10 mil millones de pesos. Cúneo Libarona aumentó su patrimonio en casi un 50% y sumó propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras Caputo declaró un salto de casi 7 mil millones con bienes que incluyen un yate, terrenos y participaciones en empresas.

En contraste, figuras como el ministro de Salud, Mario Lugones, poseen patrimonios mucho más modestos, apenas por encima de los 60 millones de pesos, reflejando la desigualdad incluso dentro del propio gabinete.

Este escenario se agrava por la creciente dolarización de activos. Muchos funcionarios tienen cuentas y depósitos en el exterior, en países como Suiza y Estados Unidos, lo que evidencia la fuga de capitales en medio de un país con fuertes restricciones cambiarias y una economía en crisis.

La realidad económica y social que vive Argentina contrasta fuertemente con la acumulación patrimonial de los funcionarios. Mientras la pobreza y la inflación golpean a millones, el gabinete exhibe un mapa de riqueza concentrada que desnuda la falta de políticas redistributivas y la ausencia de un Estado que garantice derechos básicos.

El aumento en el valor declarado de propiedades y la adquisición de nuevos bienes por parte de ministros vinculados al sector financiero y empresarial confirman la profunda conexión entre poder económico y Estado, un fenómeno que el gobierno de Milei proclama combatir pero que en los hechos refuerza.

Este mapa patrimonial pone en evidencia la distancia creciente entre quienes gobiernan y quienes padecen las políticas de ajuste, precarización y exclusión social. La concentración de riqueza en tiempos de crisis social no es casualidad, sino una expresión de un modelo que privilegia a pocos a costa de la mayoría.