La reciente suspensión del transporte destinado a las y los cartoneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pone en riesgo un sistema de reciclado reconocido a nivel nacional e internacional, que combina inclusión social, sostenibilidad ambiental y economía circular.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa una crisis en el sistema de transporte que afecta directamente a más de 3.500 recuperadores urbanos que trabajan recuperando materiales reciclables. Esta medida no es solo un problema logístico, sino un ataque a un modelo integral e inclusivo de gestión de residuos que durante casi dos décadas ha articulado a cooperativas de cartoneros con el Estado municipal, asegurando trabajo digno y fortaleciendo la economía circular.

El sistema GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) con Inclusión Social, implementado progresivamente en CABA y replicado en numerosos municipios argentinos, se basa en la co-gestión entre el Estado y las cooperativas de recuperadores urbanos. Este modelo pone en el centro la recolección diferenciada puerta a puerta, realizada por los cartoneros que conocen los circuitos y mantienen un vínculo directo con la comunidad. El traslado de estos trabajadores fue garantizado desde hace 18 años como un derecho esencial para el funcionamiento del sistema y para asegurar la higiene urbana. La suspensión del transporte representa una grave vulneración que pone en peligro miles de puestos de trabajo y un retroceso en las políticas de inclusión y reconocimiento laboral.

El impacto ambiental y social de este sistema es contundente. En CABA, 6.500 recuperadores urbanos recolectan diariamente más de 400 toneladas de materiales reciclables, lo que representa un ahorro millonario para el Estado. A nivel nacional, la labor de los recuperadores urbanos alcanza las 10.000 toneladas diarias, mitigando la contaminación y evitando la emisión de millones de toneladas de CO2 equivalente. Su trabajo contribuye a la lucha contra el cambio climático y promueve un entramado productivo basado en la economía circular, con generación de empleo genuino y sustitución de importaciones.

En términos salariales, la suspensión del transporte afecta especialmente a quienes provienen de la Provincia y que cuentan con un incentivo de $390.000. Para estos trabajadores, la pérdida del transporte implica destinar cerca del 20% de sus ingresos solo para llegar a sus puestos, un golpe severo en un sector marcado por la precariedad laboral.

El modelo porteño ha sido un referente para múltiples municipios argentinos y ha recibido reconocimiento de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que impulsan la formalización y fortalecimiento del reciclaje inclusivo en la región. Experiencias similares en Brasil y Colombia confirman la relevancia regional de este enfoque.

Por todo esto, la suspensión del transporte no es un ajuste menor: es un atentado contra un sistema ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente inclusivo, resultado de años de organización y lucha. Preservar este modelo es clave para garantizar derechos laborales, promover la justicia social y construir una gestión de residuos eficiente y democrática.