Mientras algunos celebran lo posible con la firma ajena, otros ponen el cuerpo por un modelo de organización que no se resigna a la miseria planificada.

En medio de un ajuste brutal impulsado por un gobierno que desprecia el rol del Estado y ataca a sus trabajadores, reaparece una vieja pregunta: ¿quién representa mejor a lxs estatales? ¿El sindicato que negocia bajo amenaza y se conforma con migajas? ¿O el que, aun sin firmar lo que considera indigno, no deja de dar pelea en las calles y en los lugares de trabajo?

El reciente acuerdo paritario del sector público expuso, una vez más, dos modelos sindicales en tensión. Uno que prioriza la relación con el poder de turno, y otro que confronta un plan sistemático de demolición estatal. El problema no es si se firma o no, sino qué se firma, para quién y a cambio de qué.

Se ha intentado instalar que quienes rechazan los acuerdos finalmente los suscriben en silencio para cobrar el aporte solidario. Pero esa narrativa omite el punto central: no se convalidó el acuerdo. Se dejó constancia del rechazo y se explicó con claridad por qué era inaceptable una propuesta a la baja en medio de una inflación imparable y despidos masivos. Evitar que se le retuviera a un sindicato un derecho económico legítimo, previsto en el convenio colectivo, no es contradicción: es necesidad y legalidad.

Tampoco se dice que el acuerdo firmado implica un 7,52% de aumento semestral, que consolida una pérdida salarial frente a cualquier índice inflacionario, ni que se aceptó conservar un ítem como el presentismo, históricamente cuestionado por atentar contra derechos básicos como enfermarse, estudiar o participar de una huelga.

En el fondo, el verdadero dilema no es técnico ni administrativo. Es político. Y no se trata de "quién consigue más", sino de a quién se le planta cara. Hay sindicatos que enfrentan a un Estado que dejó de ser empleador para transformarse en verdugo. Y hay otros que, en nombre del realismo, se arrodillan ante la motosierra.

Ese contraste no es nuevo. Viene de larga data. El modelo de “negociación responsable” tiene raíces en el sindicalismo de administración: cuerpos gremiales que evitan el conflicto abierto, actúan como garantes de gobernabilidad y aceptan la lógica del mal menor como máxima estratégica. Son organizaciones que nacen para garantizar estabilidad, no transformación.

En cambio, el modelo que propone ATE —con sus matices y contradicciones— se inscribe en otra tradición: la del sindicalismo de clase, que no se limita a reclamar mejoras económicas sino que discute poder, democratiza decisiones, promueve la participación y asume la defensa del Estado no como un empleador más, sino como una herramienta de justicia social.

Hoy, con un gobierno que amenaza con privatizar empresas públicas, destruir convenios colectivos, reducir ministerios a secretarías decorativas y despedir por miles a sus trabajadorxs, el rol del sindicalismo es más crucial que nunca. No hay margen para la tibieza. No alcanza con "lograr algo": hay que frenar el saqueo, desmantelar el sentido común liberal y reconstruir conciencia de clase.

Incluso las disputas internas dentro de los sindicatos no escapan a esta batalla. Las tensiones entre dirigentes no son meras diferencias personales: expresan líneas políticas divergentes frente al modelo de país. La unidad no se construye con gestos protocolares, sino con compromisos reales para enfrentar una ofensiva que no es solo económica, sino cultural, simbólica y estructural.

La pregunta, entonces, no es quién representa mejor, sino qué modelo sindical necesitamos para frenar esta avanzada neoliberal. Uno que administra la resignación con prolijidad, o uno que construye organización, conciencia y dignidad, incluso en condiciones adversas.

Porque en tiempos de crisis, la coherencia no se mide por lo que se firma, sino por lo que se defiende. Y hay quienes no están dispuestos a firmar su propia rendición. Ni ahora, ni nunca.