El relato liberal que entusiasma a medios europeos se desmorona frente a los datos duros de organismos internacionales y nacionales. Pobreza, recesión, caída salarial y desmantelamiento del Estado son el reverso del ajuste que Javier Milei vende como éxito.

El artículo publicado esta semana por elEconomista.es, titulado “Milei deja con la boca abierta a economistas y expertos”, celebra lo que denomina el “milagro argentino” a partir de la gestión libertaria. A contramano de ese entusiasmo eurocentrista, los informes del INDEC, el FMI, la OIT y el Banco Mundial revelan una realidad marcada por el ajuste, el empobrecimiento y la concentración. Las luces del mercado financiero opacan las sombras de una crisis social profunda.

Es cierto que la inflación bajó: del 25,5 % mensual en diciembre a un 1,6 % en junio, con una interanual de 39,4 %. Pero esa desinflación no fue producto de una mejora estructural, sino del derrumbe del consumo, la recesión generalizada y la licuación de salarios, jubilaciones y planes sociales. Según la OIT, el salario real cayó más de un 30 % desde diciembre de 2023, mientras el propio INDEC muestra que la pérdida de poder adquisitivo aún no se recupera.

La pobreza afecta al 38,1 % de la población urbana y la indigencia al 8,2 %, según datos oficiales del segundo trimestre. Aunque el gobierno celebra que “bajó”, el Banco Mundial advierte que la reducción no es sostenible sin políticas redistributivas. Además, ese alivio parcial se da tras un pico del 52,9 % a comienzos de año, causado precisamente por la devaluación del 118 % impulsada por el gobierno apenas asumido.

En el plano productivo, la situación dista del optimismo que expresa la prensa financiera. El PBI creció apenas un 0,8 % en el primer trimestre y se mantiene un 4,5 % por debajo del nivel de un año atrás. La industria, la construcción y el comercio minorista sufren caídas de dos dígitos, y más de 12.000 pymes cerraron sus puertas desde diciembre de 2023.

La tasa de empleo cayó al 44,4 % y el desempleo subió al 7,9 %, según el último informe del INDEC. Mientras los sectores especulativos celebran, los trabajadores enfrentan despidos, suspensiones y pérdida de derechos adquiridos. La informalidad laboral creció y la precarización afecta especialmente a jóvenes y mujeres.

El supuesto “orden fiscal” también tiene su contracara. El déficit cero se logró a costa del ajuste más brutal desde 2001: se recortó más del 20 % del gasto público en términos reales, se eliminaron diez ministerios, se paralizó la obra pública y se despidieron más de 30.000 estatales. Los ministerios de Salud y Educación perdieron más de la mitad de su presupuesto.

Los recortes alcanzaron también a políticas de género, cultura, ciencia y tecnología. El Plan Nacional de Vacunación fue desfinanciado, se congelaron programas alimentarios y se desmantelaron líneas estratégicas de investigación. La motosierra no cortó privilegios, sino derechos esenciales.

Incluso el FMI, principal respaldo externo del gobierno, señala en su último Staff Report “riesgos sustanciales” en el esquema monetario, advierte sobre la fragilidad de las reservas y llama a “cautela” frente a las consecuencias sociales del ajuste. La OIT, por su parte, denuncia el aumento de la desigualdad y la pérdida de calidad del empleo como efectos directos de las políticas del gobierno.

Los datos no son una opinión: muestran que el relato de “milagro argentino” responde a una mirada de clase que aplaude la rentabilidad financiera sin mirar los costos sociales. A quienes viven del trabajo, el ajuste no los dejó boquiabiertos: los dejó sin ingresos, sin servicios y sin derechos. Detrás del marketing internacional, la Argentina real sufre una recesión que no figura en los gráficos de Wall Street.