El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 hizo lugar a una acción colectiva presentada por ATE Capital y ordenó al Poder Ejecutivo que en cinco días justifique el trámite legislativo de la Ley 27.742.

La Asociación Trabajadores del Estado - Capital Federal (ATE Capital) presentó una acción judicial colectiva para frenar los efectos de la Ley Bases sobre el empleo público, denunciando que su sanción se dio en un proceso viciado por hechos de corrupción. Como resultado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dio curso a la presentación y emplazó al Poder Ejecutivo Nacional a brindar explicaciones en un plazo de cinco días.

La resolución reconoce la existencia de serias sospechas sobre la legalidad del procedimiento legislativo que dio origen a la norma, en particular respecto del voto del entonces senador Edgardo Kueider. Su sufragio generó el empate que habilitó la definición de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tiempo después, Kueider fue detenido con una suma de dólares no declarados y enfrenta causas penales por presunto cohecho.

ATE Capital sostiene que ese voto, determinante para la aprobación de la ley, estuvo condicionado por hechos de corrupción de público conocimiento y que, en consecuencia, todo el proceso debe ser declarado nulo de nulidad absoluta.

“Estamos ante una ley sancionada en condiciones espurias. No se trata solo de una reforma regresiva para el empleo público: es una ley nacida de un procedimiento viciado y fraudulento. El Poder Judicial debe actuar y garantizar el Estado de derecho”, afirmaron desde el sindicato.

UNA REFORMA QUE VULNERA DERECHOS LABORALES

El capítulo IV de la Ley Bases modifica profundamente el régimen de empleo público, reformando diez normas clave, entre ellas nueve artículos de la Ley 25.164 (Marco de Regulación del Empleo Público Nacional) y uno de la Ley 24.185.

Entre los aspectos más regresivos, la norma habilita a declarar en disponibilidad a trabajadorxs estatales por causales tan amplias como “dotación excedida”, sin necesidad de demostrar una real reorganización estatal. Esta figura pone en riesgo la estabilidad laboral —garantizada por la Constitución Nacional— y debilita el ejercicio de derechos sindicales.

ATE también advierte que esta reforma se inscribe en una lógica de ajuste y achicamiento del Estado que, además de precarizar a lxs trabajadorxs, impacta de lleno en el funcionamiento de áreas esenciales para la ciudadanía.

UN HECHO JUDICIAL SIN PRECEDENTES RECIENTES

El fallo firmado por el juez Diego Martín Cormick admite la legitimidad de la acción colectiva presentada por ATE Capital y reconoce la verosimilitud del derecho invocado, al señalar que “es evidente que existe un vicio en la formación y sanción de la Ley 27.742”.

Además, el magistrado señala que se cumplen los tres requisitos establecidos por la Corte Suprema en el fallo “Halabi” para habilitar una acción colectiva: la existencia de una causa común, efectos homogéneos sobre un colectivo claramente identificable y la inexistencia de vías individuales eficaces.

PRÓXIMOS PASOS

El Poder Ejecutivo tiene cinco días hábiles para responder al requerimiento judicial. Si no lo hace de forma satisfactoria, la causa podría avanzar hacia la suspensión del capítulo referido al empleo público.

Desde ATE Capital ratificaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales y advirtieron que continuarán impulsando todas las acciones legales y gremiales necesarias para frenar una ley “nacida en la ilegalidad y manchada por la corrupción”.

“No vamos a permitir que se naturalice una reforma regresiva y manchada de coimas. Esta ley no solo ataca el empleo público, sino que pone en jaque el funcionamiento democrático”, concluyeron.