Un operativo policial ordenado por el gobernador Rolando Figueroa dejó 22 detenidxs, entre ellxs dos menores de edad, durante una protesta pacífica de comunidades mapuche por el reconocimiento de sus personerías jurídicas. La Confederación Mapuche denuncia persecución política al servicio de los intereses extractivos.

Ni territorio, ni recursos, ni autonomía. Las comunidades mapuche acampaban pacíficamente frente al Registro Provincial de Comunidades Indígenas para exigir algo más básico: que el Estado reconozca su existencia legal. Sin embargo, la respuesta del gobierno neuquino fue un despliegue policial que terminó con 22 personas detenidas, entre ellas un niño de 13 años —Newen Antu Dumigual, internado tras la represión— y una adolescente de 15, Melián Antu Pilquiñam, trasladada a la comisaría del menor.

El operativo fue ejecutado en horas de la mañana de este sábado y dejó en evidencia, una vez más, la matriz represiva con la que se gestionan los conflictos en una provincia atravesada por los intereses del complejo hidrocarburífero. Según denunció la Confederación Mapuche de Neuquén, el desalojo no fue un exceso ni un error: fue una decisión política. “Hace un año y medio que esperamos que nos entreguen un papel. Y ahora nos imputan coacción agravada por pedirlo. Estaban preparando esto”, afirmó el werken Jorge Nawel.

El contexto es claro: mientras el lobby petrolero sigue ampliando sus zonas de explotación, las comunidades siguen sin reconocimiento jurídico. Ese documento, indispensable para acceder a cualquier derecho colectivo, fue prometido en múltiples ocasiones por funcionarios provinciales. Pero la respuesta final fue la represión.

Nawel señaló al gobernador Rolando Figueroa como principal responsable político del operativo. “Habla de neuquinidad, de emoción al cantar el himno. Pero lo que está construyendo es una provincia subordinada a los intereses privados. Esta violencia es funcional al modelo extractivo. Es un mensaje para que nadie más se anime a organizarse”, denunció.

Las imágenes del operativo, que se difundieron por redes sociales, muestran una represión directa contra un reclamo elemental: la posibilidad de figurar en un registro oficial. No se trataba de una disputa territorial ni de un corte de ruta. La violencia del procedimiento dejó en evidencia una estrategia de disciplinamiento orientada a frenar cualquier forma de resistencia organizada.

Desde la Confederación Mapuche afirmaron que no se trata de un hecho aislado ni de una particularidad neuquina. “No hay que engañarse con el discurso de la provincia diferente. Neuquén aplica con orden y método las mismas políticas que se bajan desde el gobierno nacional. Lo de Milei y Bullrich también pasa acá”, declaró Nawel.

Frente a este panorama, las comunidades insisten en que la única respuesta posible es la organización colectiva. “No creemos más en los diálogos de mentira ni en las promesas que no llegan. Solo confiamos en estar de pie, entre nosotrxs. Porque si esperamos justicia desde arriba, solo va a llegar cuando convenga a los que mandan”, concluyeron.