Una jueza federal suspendió el decreto presidencial que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida cautelar fue solicitada por el gremio ante la amenaza de despidos y vaciamiento.

Mientras el Gobierno nacional avanza con su política de demolición del Estado, un fallo judicial le puso un límite concreto. La jueza federal Martina Isabel Forns suspendió por seis meses la aplicación del decreto 461/2025, con el que Javier Milei pretendía eliminar la Dirección Nacional de Vialidad. La medida cautelar fue dictada a raíz de una presentación del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), que denunció el intento de disolver el organismo sin respetar los derechos laborales ni los procedimientos legales establecidos.

La decisión judicial ordena al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicar cualquier reestructuración, traslado, cese o modificación en la estructura de Vialidad. Forns argumentó que el decreto presidencial vulnera normas básicas de protección laboral contempladas en la Constitución, la Ley de Contrato de Trabajo y convenios internacionales. También cuestionó la concentración de atribuciones en la Secretaría de Transformación del Estado, bajo la órbita de Federico Sturzenegger, al considerar que excede los márgenes legales del Poder Ejecutivo.

“La falta de una protección jurisdiccional inmediata ante el riesgo cierto de un daño inminente e irreparable puede derivar en un perjuicio efectivo”, advirtió la magistrada en su fallo. En esa línea, subrayó que los derechos de los trabajadores no pueden ser suprimidos mediante decretos, sin mediación de las instancias de negociación colectiva. La resolución paraliza así uno de los intentos más avanzados de Milei por avanzar en el vaciamiento de organismos clave del Estado nacional.

El fallo tendrá vigencia durante seis meses, tiempo durante el cual el Gobierno no podrá ejecutar ninguna de las medidas previstas en el decreto. En paralelo, la Justicia analizará la validez de fondo de la decisión presidencial. Desde la Casa Rosada ya anticiparon que apelarán la resolución ante la Cámara Federal de San Martín, en lo que podría convertirse en un nuevo frente judicial para la administración libertaria.

Vialidad Nacional es una institución fundamental para la ejecución de obras públicas, el mantenimiento de rutas y la conectividad federal. Su eliminación había sido rechazada no solo por sindicatos y trabajadores, sino también por gobernadores y sectores empresarios que advirtieron el impacto negativo que tendría sobre la infraestructura vial del país. La suspensión judicial, en ese marco, representa un respiro para quienes enfrentan las consecuencias de un ajuste que no cesa.

El modelo que intenta imponer el oficialismo choca así con límites institucionales. La motosierra no pasa por todos lados. En medio de un contexto marcado por despidos, cierres de programas y desfinanciamiento generalizado, el fallo de Forns aparece como una defensa concreta del empleo, del rol del Estado y de la legalidad democrática. La disputa por el futuro de Vialidad, lejos de cerrarse, acaba de entrar en una nueva etapa.