El Ministerio de Justicia dio de baja el Registro de Organizaciones y el Programa Acercar Derechos, pese al impacto que ambos dispositivos tenían sobre poblaciones en situación de violencia.

El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la eliminación de dos programas destinados a prevenir y abordar las violencias por motivos de género. Lo hizo a través de la Resolución 466/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde el Ministerio de Justicia resolvió anular el Registro Nacional de Organizaciones Sociales de Género y Diversidad, así como el Programa Acercar Derechos, ambos creados durante la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

La medida lleva la firma de Mariano Cúneo Libarona y se enmarca en el proceso de recorte del Estado bajo el pretexto de “reorganización institucional”. Sin embargo, impacta directamente sobre poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad, en un contexto de crecimiento de la violencia y debilitamiento de las redes de contención.

Según la resolución, los programas fueron dados de baja por supuestas "debilidades operativas" detectadas en un informe de la Unidad de Auditoría Interna. El relevamiento señaló que en el 38% de los casos asistidos por Acercar Derechos no se registraron acciones de seguimiento, y que el 75% presentaba intervenciones sin actualizar desde hacía más de seis meses. La resolución concluye que el circuito implementado para el acompañamiento no resultaba suficiente para "mitigar los riesgos de cumplimiento y control".

Pero más allá de las observaciones administrativas, el fondo de la decisión expone una visión profundamente regresiva: se desmantelan políticas públicas orientadas a sostener derechos conquistados, en nombre de una supuesta eficiencia que omite deliberadamente la dimensión humana de la problemática.

El Registro de Organizaciones, por ejemplo, cumplía un rol estratégico: sistematizaba y fortalecía la articulación de cientos de espacios comunitarios que trabajan en barrios, villas y territorios rurales con mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia. Acercar Derechos, por su parte, desplegaba equipos de atención directa con perspectiva de género, interseccional e intercultural, en zonas donde muchas veces el Estado no llegaba.

El Gobierno argumenta que “los recursos deben reasignarse a iniciativas con impacto verificable y medible”. Sin embargo, omite que los dispositivos eliminados contaban con intervención territorial concreta, que permitía abordar violencias en tiempo real. La consecuencia directa será el debilitamiento de las redes de contención y un mayor desamparo para quienes sufren violencia.

Como parte de la implementación de la medida, la resolución instruye a distintas dependencias estatales a aplicar de inmediato la derogación, en el marco de la “reforma ministerial” que eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

En menos de un año, el gobierno de Milei ya había eliminado el FONID, los programas de conectividad educativa, los fondos para comedores escolares y numerosas iniciativas vinculadas a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora avanza sobre los pocos dispositivos que aún quedaban en pie para prevenir y atender las violencias de género.

En la práctica, el mensaje es claro: el Estado abandona su rol como garante de derechos frente a una de las problemáticas sociales más urgentes. El ajuste no es técnico ni neutral: tiene género, tiene clase y tiene consecuencias.