La Cámara Nacional del Trabajo hizo lugar a la impugnación de CTERA y suspendió el decreto presidencial que excluía al Estado Nacional de la negociación colectiva del sector educativo.

Un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la aplicación del Decreto 341/2024, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei pretendía retirarse unilateralmente de la Paritaria Nacional Docente. La medida cautelar fue obtenida por CTERA, que había impugnado el decreto en sede judicial, representada por su secretaria general, Sonia Alesso.

El pronunciamiento judicial no solo implica un freno a la ofensiva del Poder Ejecutivo contra los derechos laborales, sino que además obliga al Estado Nacional a reanudar las convocatorias a la paritaria, un derecho consagrado en la Ley de Financiamiento Educativo. Hasta el momento, la administración de Milei se había negado sistemáticamente a abrir el diálogo con las organizaciones sindicales del sector, incluso en medio del desplome del poder adquisitivo y la crítica situación salarial de las y los docentes.

El intento de suprimir la Paritaria Nacional Docente se inscribe en una política más amplia de desfinanciamiento de la educación pública: la eliminación del FONID, la suspensión de partidas para comedores escolares, el vaciamiento de programas socioeducativos y la quita de recursos para conectividad docente. En los hechos, se trató de una maniobra orientada a desarticular la organización sindical del sector y a consolidar un modelo de precarización generalizada.

“El gobierno pretendió dinamitar la paritaria como parte de su intento por destruir la escuela pública, pero no lo vamos a permitir”, señalaron desde la conducción de CTERA. La central docente advirtió, además, que la negativa oficial a pagar el incentivo docente constituye una violación flagrante de los derechos adquiridos por el colectivo trabajador.

Con este fallo, la Justicia vuelve a poner un límite institucional a una política que, en nombre de la libertad, avanza sobre derechos esenciales. La defensa de la negociación colectiva no es una concesión: es una garantía democrática. El gobierno deberá retroceder, y las organizaciones sindicales, redoblar su organización para que los derechos laborales, la dignidad docente y la escuela pública no se pongan jamás en discusión.