La jueza de Nueva York rechazó el pedido argentino y ordenó entregar el 51% de YPF a los fondos especulativos. El Gobierno apeló y evalúa ir a la Corte Suprema de EE.UU.

En un nuevo golpe a la soberanía nacional, la jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la ejecución de su fallo y ratificó que la Argentina deberá entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre. La decisión judicial se conoció este lunes y favorece a Burford Capital y Eton Park, firmas que lucran con sentencias compradas en tribunales extranjeros contra Estados periféricos.

El Gobierno apeló el jueves pasado ante la Cámara del Segundo Circuito y anticipó que, si fuera necesario, llegará hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Mientras tanto, había solicitado un “stay” —una suspensión temporaria de la sentencia— que fue rechazado por Preska sin contemplar ninguno de los argumentos de la defensa argentina.

Entre ellos, se alertaba sobre la violación del derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), principios básicos de cortesía internacional y un intento inconstitucional de aplicar jurisdicción extraterritorial. También se recordó que el propio Departamento de Justicia de EE.UU., durante el gobierno de Donald Trump, había respaldado la posición argentina al advertir sobre la gravedad institucional del caso.

Nada de eso alcanzó para frenar la avanzada buitre. La jueza Preska, una vieja aliada de los fondos especulativos, ratificó su decisión de forzar al Estado argentino a entregar acciones estratégicas de la principal petrolera nacional. Lo que se disputa no es solo un paquete accionario: es la soberanía energética, la capacidad del Estado de decidir sobre sus recursos, y el modelo de país.

El fallo se inscribe en un contexto global de ofensiva del capital financiero contra los Estados. YPF fue recuperada en 2012 como política de Estado para recuperar el control sobre el subsuelo argentino. Lo que ahora buscan arrebatar a través de un tribunal extranjero es un bien común de los 45 millones de argentinxs.