Diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra cuentas vinculadas al oficialismo por amenazas, apología del crimen e instigación al golpe institucional.

En una presentación judicial sin precedentes, un grupo de diputados y diputadas nacionales del bloque Unión por la Patria denunció penalmente a los titulares de al menos cuatro cuentas activas en la red X (ex Twitter), acusadas de incitar a la violencia contra el Congreso Nacional y atentar contra el orden democrático. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

La acción fue impulsada por los legisladores Hugo Yasky, Daniel Goyán, Sabrina Selva, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Julio Pereyra y Santiago Cafiero. Según consta en la denuncia, los perfiles @Gordodan_, @ElTrumpista, @FranFijap y @elpittttt —presuntamente administrados por Daniel Parisini, Franco Antunes, Luciano Cabrera y Pedro María Lantarón— difundieron mensajes que, a juicio de los denunciantes, configuran delitos como instigación a cometer crímenes, apología del delito, amenazas coactivas e intimidación pública.

Las publicaciones fueron realizadas el pasado 10 de julio, en paralelo al debate parlamentario de proyectos de alto impacto social, como las leyes para la recomposición de haberes jubilatorios, apoyo a personas con discapacidad y compensaciones a provincias. Entre los mensajes señalados se encuentran expresiones como “Metan todos los tanques adentro del Congreso”, “El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos” o “Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”.

Los legisladores señalaron que tales expresiones “exceden los límites de la libertad de expresión” y se inscriben en una “estrategia sistemática de violencia política digital, con respaldo institucional y financiamiento estatal”. Subrayaron, además, que algunas de estas personas tendrían “acceso privilegiado al presidente de la Nación o a funcionarios de alto rango”, lo cual agrava aún más el cuadro.

“La instigación al atentado contra el orden constitucional reviste una gravedad excepcional que justifica la intervención del derecho penal”, afirmaron. En la presentación también se reclamaron medidas urgentes de investigación, que podrían incluir la identificación formal de los acusados, el análisis técnico de las cuentas, el rastreo de vínculos con organismos estatales y eventuales medidas de protección institucional.

La denuncia vuelve a encender alarmas sobre el uso de redes sociales por parte de operadores libertarios que, lejos de representar la pluralidad democrática, impulsan discursos de odio, legitimación de la violencia y desestabilización institucional bajo el amparo del poder. La causa ya está en curso.