Pese a la sanción del Congreso, el Presidente anunció que rechazará el aumento a los haberes y la moratoria previsional. Busca repetir el veto de 2024 con el respaldo de aliados del ajuste.

Javier Milei confirmó que vetará la ley aprobada por el Congreso que restituye la moratoria previsional, declara la emergencia en discapacidad y mejora los haberes jubilatorios. Fiel a su estilo confrontativo, el Presidente amenazó con acudir a la Justicia si el Parlamento insiste con la sanción. “Vamos a vetar. Y si lo rechazan, lo judicializamos”, lanzó en un acto en la Bolsa de Comercio, como si los tres poderes del Estado estuvieran a su disposición.

La ley fue aprobada por el Senado con 52 votos a favor, frente a la retirada en masa de la bancada oficialista, que intentó deslegitimar la sesión. Las tres iniciativas ya habían sido votadas en Diputados, con 142 votos positivos. Ahora, para que el Congreso fuerce la promulgación, necesitará los dos tercios en ambas cámaras.

Milei apuesta a repetir la maniobra de septiembre del año pasado, cuando vetó una mejora en las jubilaciones mínimas y logró sostener su rechazo con 87 votos en la Cámara baja. En ese momento, se apoyó en sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales funcionales al ajuste. El Gobierno ya trabaja para reconstruir esa alianza bajo el eufemismo de los “87 héroes”, como si recortar haberes y derechos fuera una gesta patriótica.

Esta vez, sin embargo, hay señales de fisura. Algunos gobernadores que el año pasado avalaron el veto, ahora votaron a favor de la ley. En Tucumán y San Juan se quebraron los respaldos al oficialismo. Incluso los llamados “radicales con peluca”, que suelen oscilar entre la obediencia y el oportunismo, empezaron a mostrar incomodidad con el rumbo del Ejecutivo.

El trasfondo es claro: el Gobierno quiere evitar cualquier desvío de su obsesión por el superávit fiscal a costa de los sectores más vulnerables. El ajuste previsional es un mandato del Fondo Monetario Internacional, y el Ejecutivo no está dispuesto a resignar un centavo aunque eso implique desconocer el Congreso, el sistema previsional y la legalidad democrática.

Lo que se juega no es solo el destino de una ley. Es el modelo de país. Mientras Milei amenaza con vetos y causas judiciales, el Congreso deberá decidir si sostiene su legitimidad o se arrodilla ante un proyecto que niega la justicia social como principio rector..