Gremios, juristas y legisladores articulan una ofensiva legal y política contra el desmantelamiento del histórico organismo vial.

El intento del presidente Javier Milei de disolver por decreto la Dirección Nacional de Vialidad desató una reacción inmediata y coordinada de sindicatos, organizaciones políticas y especialistas en derecho constitucional. El decreto 461/25, que establece el cierre de un organismo con más de 90 años de historia, ya enfrenta pedidos de inconstitucionalidad, presentaciones judiciales y un proyecto de ley para su derogación en el Congreso.

La medida afecta a más de cinco mil trabajadores y deja en el aire la gestión de rutas, puentes y obras clave de infraestructura vial en todo el país. Desde los gremios advierten que el decreto no sólo viola la legalidad vigente —la DNV fue creada por ley—, sino que pone en riesgo la seguridad en rutas y caminos al eliminar capacidades técnicas irremplazables.

“El Gobierno quiere hacer desaparecer Vialidad como si se tratara de un trámite administrativo. Pero acá hay una historia de casi un siglo, y un rol estratégico que no puede ser reemplazado por ningún improvisado”, señaló Graciela Aleñá, secretaria general del gremio vial, que ya presentó un recurso de amparo junto al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

Además de la vía judicial, se inició una ofensiva política: legisladores de Unión por la Patria, la izquierda y espacios independientes impulsan una ley para frenar el decreto, mientras circula un petitorio dirigido a gobernadores para que se pronuncien contra el cierre. El texto subraya que eliminar la DNV por decreto implica violar el principio de división de poderes y debilitar el carácter federal del Estado.

“Quieren borrar el concepto mismo de patria. Esto no es una reforma: es una demolición”, afirmaron desde el sindicato, que también denunció el intento de disciplinar a los trabajadores organizados y avanzar con un ajuste sin límites sobre la obra pública y los organismos técnicos del Estado.

En paralelo, se prepara un plan de lucha nacional que incluirá movilizaciones, visibilización en rutas y acciones gremiales en las provincias. La consigna es clara: sin Vialidad no hay caminos seguros, ni soberanía territorial, ni Estado presente.