Con una mayoría opositora transversal, la Cámara alta aprobó por unanimidad un aumento de haberes y la restitución de la moratoria previsional. Villarruel se fue del recinto y el Gobierno denunció un "golpe institucional".

La escena fue más política que legislativa: sin sistema de votación digital, con la vicepresidenta retirándose del estrado antes del debate, y con la presidencia eventual en manos de la neuquina Silvia Sapag, el Senado de la Nación vivió este jueves una de las sesiones más tensas del año. Por 52 votos a favor, sin rechazos y con cuatro abstenciones, se aprobó un paquete previsional que recompone ingresos de jubilados, actualiza el bono mínimo y devuelve la moratoria previsional, eliminada por el oficialismo meses atrás.

El proyecto fue impulsado por Unión por la Patria, pero el dato político de la jornada estuvo en el quiebre del cerco libertario: senadores radicales, peronistas disidentes, macristas y representantes provinciales se unieron en una mayoría incómoda para el Ejecutivo. Entre ellos, los tres senadores correntinos que votaron contra Milei, tras el avance de Karina Milei con listas propias que dejaron afuera al gobernador Gustavo Valdés y al propio “Camau” Espínola.

Villarruel se retiró del recinto antes de la votación para evitar convalidar la sesión, en una maniobra que el Gobierno presentó como señal de ilegitimidad. Pero el procedimiento se mantuvo y el oficialismo sufrió una derrota política inapelable: el Congreso demostró que, aún con el PRO dividido, puede legislar sin el aval de La Libertad Avanza.

El paquete aprobado contempla el aumento del bono previsional de $70.000 a $110.000, una compensación a las cajas provinciales no transferidas y medidas urgentes en discapacidad. También se aprobaron propuestas de los gobernadores para la coparticipación de impuestos y ATN. En el Ejecutivo ya se habla de veto parcial o total, lo que profundizaría el choque con las provincias.

Mientras Milei denuncia un “golpe institucional”, el Senado expuso la soledad parlamentaria del oficialismo, sus fracturas internas y el hartazgo creciente de aliados que ya no están dispuestos a convalidar el ajuste.

Este quiebre no es sólo político, sino también social: refleja el creciente malestar de amplios sectores populares frente a las políticas de ajuste y exclusión que el Gobierno viene imponiendo y busca profundizar. La presión de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos ha comenzado a incidir en las decisiones legislativas, fortaleciendo la resistencia frente a un modelo que amenaza con profundizar la pobreza y la desigualdad.

Además, el voto clave de senadores nacionales que representan a provincias con fuerte presencia del peronismo y de aliados históricos evidencia la tensión entre el gobierno central y los territorios. La autonomía política de estos dirigentes marca un límite claro a las pretensiones centralistas y neoliberales de Milei, anticipando nuevas disputas en el armado electoral y político que se viene.