La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad por el gobierno de Javier Milei no es solo un ajuste más. Es un ataque frontal a la soberanía territorial, al empleo nacional y a la historia de integración y justicia social que forjó la Argentina.

Desde su creación en 1932, Vialidad Nacional fue el motor que impulsó la construcción y mantenimiento de más de 30.000 kilómetros de rutas que unieron las provincias y regiones más postergadas del país. Su obra más emblemática es la mítica Ruta Nacional 40, que atraviesa casi toda la Argentina de norte a sur, uniendo comunidades y facilitando la circulación de bienes y personas. La pavimentación de la Ruta 3, que conecta Buenos Aires con Tierra del Fuego, así como la red de autopistas del Conurbano bonaerense, son ejemplos de cómo Vialidad fue clave para la integración territorial y el desarrollo económico.

Además, Vialidad Nacional construyó puentes estratégicos y realizó obras esenciales en regiones vulnerables como la Patagonia y el Noroeste argentino, garantizando la conectividad de poblaciones rurales y fortaleciendo la resiliencia ante desastres naturales. Miles de trabajadores especializados y técnicos formaron parte de esta historia, sosteniendo no solo caminos, sino un proyecto de país que valoraba la justicia social y la soberanía.

El gobierno de Javier Milei, bajo la bandera del “achique del Estado” y la supuesta “eficiencia”, desmonta esta estructura centenaria. La disolución de Vialidad no solo implica el despido masivo de trabajadores, sino la transferencia de funciones clave a fuerzas de seguridad y ministerios sin la experiencia técnica necesaria. Esto pone en riesgo la seguridad vial, el mantenimiento de la infraestructura y la continuidad de proyectos que fueron pilares del desarrollo nacional.

Este desguace responde a una agenda neoliberal y libertaria que privilegia la privatización y la concentración de poder económico en detrimento de los derechos laborales y el interés popular. La entrega de la red vial a concesiones privadas y el debilitamiento del Estado son parte de una política sistemática para desmantelar las conquistas sociales y la soberanía nacional que el peronismo y otros proyectos populares construyeron durante décadas.

¿Quién realizará ahora las obras que durante décadas llevó adelante Vialidad Nacional con experiencia y planificación técnica? ¿Quién financiará estos trabajos imprescindibles para mantener y ampliar la red vial en un país con las dimensiones y desigualdades de Argentina? La verdad es que esta decisión abre las puertas a la privatización y la intervención de empresas concentradas, que buscarán maximizar ganancias a costa del interés público.

Por lo tanto, los grandes beneficiarios de esta desarticulación no serán ni los trabajadores ni las comunidades integradas por la infraestructura pública, sino los sectores económicos concentrados y multinacionales que acumulan poder y buscan controlar los recursos estratégicos. Este ajuste no es casual ni técnico: es la avanzada explícita del neoliberalismo más duro sobre el corazón del desarrollo nacional.

Además, la experiencia y los estudios técnicos demuestran que la realización y mantenimiento de obras públicas con trabajadores estatales resulta, en la mayoría de los casos, mucho más económica y eficiente que la tercerización a empresas privadas. La subcontratación eleva costos debido a márgenes de ganancia, contratos complejos y menos control sobre la calidad y los plazos. Por el contrario, un Estado fuerte y profesional puede garantizar mejores resultados, menor costo fiscal y un control real sobre la infraestructura estratégica del país.

Es importante destacar que en la mayoría de los países del primer mundo, como Alemania, Francia y Canadá, la gestión, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial es responsabilidad directa del Estado o de organismos públicos, garantizando calidad, accesibilidad y control democrático. El modelo de privatización masiva y tercerización que impulsa el gobierno de Milei no solo contradice esta práctica internacional, sino que además expone a la Argentina a riesgos de mayor desigualdad, deterioro y pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos.

Defender Vialidad Nacional es defender la Argentina de los trabajadores y las provincias postergadas. Es afirmar que la infraestructura pública no es un gasto sino una inversión estratégica para la justicia social y el desarrollo soberano. Es reivindicar un Estado presente, comprometido con la integración territorial y el bienestar popular.

No podemos permitir que bajo discursos técnicos se destruya un patrimonio histórico que simboliza la dignidad, la memoria y la lucha de nuestro pueblo. La defensa de Vialidad Nacional es la defensa de nuestro futuro colectivo.