Emiliana McNamara, titular de SEVINA, denunció la gravedad de la situación laboral y vial tras el anuncio del Gobierno de Javier Milei. El sindicato advierte sobre el deterioro de rutas y la incertidumbre para los 5200 trabajadores.

La amenaza de cierre de Vialidad Nacional, anunciada por el Gobierno de Javier Milei, genera fuerte rechazo en el movimiento obrero y una creciente incertidumbre en el sector. Emiliana McNamara, secretaria general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), confirmó que una vez oficializado el decreto de desmantelamiento, presentarán una medida cautelar para frenar la decisión.

La titular gremial explicó que la medida se basará en la falta de competencia del Ejecutivo para afectar a Vialidad Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y la Ley de Bases, que regulan el funcionamiento de esta repartición estratégica. La presentación judicial ya cuenta con un precedente tras una cautelar previa que frena momentáneamente el proceso.

La preocupación se tradujo en una masiva movilización este miércoles que partió desde la sede de Vialidad Nacional y concluyó en el Ministerio de Desregulación del Estado, con la participación de gremios como ATE, FEPEVINA, Camioneros, y diputados sindicales como Sergio Palazzo y Mario “Paco” Manrique. La convocatoria mostró unidad y respaldo frente a la política oficial.

Sobre la situación laboral, McNamara denunció que el organismo, con 5200 trabajadores, atraviesa una crisis profunda. Explicó que solo 1200 empleados son planta permanente y la mayoría son contratados bajo figura de planta transitoria, mientras que las jubilaciones y la falta de paritarias desde octubre impactaron en el salario y en la estabilidad del personal. La “persecución” y “angustia” reinan en el ambiente.

La sindicalista cuestionó las falsas percepciones sobre la cantidad de empleados: para mantener 40.000 kilómetros de rutas nacionales, el número actual es insuficiente y muy inferior al de otras épocas donde superaba los 18 mil trabajadores.

El plan oficial apunta a concesionar 10.000 kilómetros a privados y traspasar otros a las provincias, sin embargo, McNamara alertó que esta estrategia es inviable. El 70% de las rutas están en mal estado y las provincias no cuentan con presupuesto para asumir responsabilidades sin recursos. Aún no hay respuestas concretas para el mantenimiento de los 30.000 kilómetros restantes.

Además, Vialidad cumple funciones esenciales que exceden el mantenimiento vial: gestión de puentes, pasos fronterizos, laboratorios con tecnología avanzada, y una fuerte inversión en capital humano a través de formación técnica y universitaria que no se menciona en el decreto oficial.

La sindicalista destacó la complejidad de los trabajos, que incluyen operaciones en condiciones extremas y la atención de emergencias, aspectos claves para la infraestructura y seguridad vial nacional.

Frente a este panorama, SEVINA evalúa medidas de fuerza sectoriales, incluyendo paros en diferentes distritos con el objetivo de visibilizar el impacto que el cierre tendrá en el transporte y la seguridad vial del país.

El futuro de Vialidad Nacional, clave para la infraestructura y el desarrollo productivo, pende de un hilo mientras el Gobierno avanza con un plan que sindicalistas y trabajadores califican de “desmantelamiento”.