Entre el 6 y el 13 de julio de 1977, la dictadura raptó a 14 abogados laboralistas y sus familiares en Mar del Plata para desmontar la defensa jurídica del movimiento obrero.

En menos de una semana, las Fuerzas Armadas detuvieron a 14 personas —seis abogados laboralistas, sus parejas y dos empleados judiciales— durante una operación represiva en Mar del Plata. El objetivo fue claro: desarticular la red jurídica que defendía a trabajadores y militantes perseguidos, y que obstaculizaba el proyecto de disciplinamiento económico y social del terrorismo de Estado.

El operativo, luego bautizado como “La Noche de las Corbatas”, tuvo su epicentro en el centro clandestino conocido como “La Cueva”, ubicado en el viejo radar de la Base Aérea de Camet, a doce kilómetros de la ciudad. Entre las víctimas estuvieron Norberto Centeno —redactor del anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo—, Salvador Arestín, Jorge Candeloro, Raúl Hugo Fragoso, María del Carmen Maggi y Tomás Fresneda. A ellos se sumaron José Verde —ex secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense—, su esposa Ana María, y otros familiares, todos llevados al mismo centro clandestino.

De ese grupo, sobrevivieron apenas cuatro personas. El resto fue asesinado o permanece desaparecido. El cuerpo de Centeno apareció días después, acribillado y con signos evidentes de tortura. La dictadura consideraba al derecho laboral una trinchera que debía ser eliminada para garantizar el proyecto económico de despojo y represión.

La represión fue ejecutada por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, bajo el mando de altos oficiales como Alberto Pedro Barda y Alfredo Arrillaga. Pero también contó con el aval y la complicidad de sectores del poder judicial, grandes estudios jurídicos y representantes del empresariado que buscaban eliminar las herramientas legales que protegían a los trabajadores.

La cacería de abogados laboralistas no se limitó a Mar del Plata. En Córdoba, Rosario, Capital Federal y otras ciudades se repitieron secuestros, asesinatos y exilios forzados. En total, más de 30 letrados comprometidos con la defensa de los derechos laborales fueron perseguidos, en el marco de una ofensiva planificada.

En 2010, el suboficial Gregorio Molina fue condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos durante esa semana de horror. Su sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, pero la mayoría de los responsables aún no enfrentó la justicia. El silencio de muchos sectores del poder judicial y corporativo sigue siendo parte del problema.

Desde 2004, cada 6 de julio se conmemora el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, y desde 2015, el 7 de julio es el Día del Abogado Laboralista. No como fechas formales, sino como recordatorio del precio que se paga por ejercer el derecho al servicio del pueblo.

La Noche de las Corbatas no fue un exceso ni un error. Fue una política de Estado para borrar del mapa a quienes defendían los derechos de los trabajadores. Fue también un crimen contra la justicia social y la memoria colectiva. Hoy, cuando desde el poder vuelven a atacarse derechos conquistados, el legado de esos abogados militantes vuelve a interpelarnos.

Recordarlos no es solo un deber de memoria. Es una forma de seguir luchando por un país con justicia social y con derecho popular.
Nunca Más.