Más de treinta organizaciones realizaron el Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires. Denuncian el vaciamiento de políticas públicas y exigen presupuesto acorde a la emergencia social.

Del 26 al 28 de junio, más de treinta organizaciones sociales, sindicales, religiosas, universitarias y de derechos humanos relevaron, barrio por barrio, a las personas que hoy sobreviven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. El operativo, que movilizó a cientos de voluntarios, fue parte del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, una iniciativa colectiva que busca visibilizar lo que el Gobierno porteño elige sistemáticamente ocultar.

Los resultados preliminares serán presentados este lunes 8 de julio a las 18 hs en la sede del sindicato del subte, en Carlos Calvo 2365, con una conferencia de prensa donde también se darán a conocer las primeras conclusiones. Los censos anteriores —realizados en 2017 y 2019— ya habían mostrado cifras escandalosamente más altas que las reconocidas por la gestión del PRO. Todo indica que este año la situación se agravó aún más, en el marco de una crisis social inédita y de una política deliberada de ajuste y vaciamiento.

Durante las recorridas se relevó no solo la cantidad de personas en situación de calle —tanto quienes duermen a la intemperie como quienes lo hacen en paradores— sino también su estado de salud, vínculos familiares, niveles de acceso a la educación y experiencias laborales. Además, se indagó sobre el alcance (o la ausencia) de las políticas públicas, cada vez más recortadas o directamente desmanteladas por el Gobierno porteño y nacional.

La ley nacional 27.654, vigente desde 2021, reconoce derechos básicos como salud, educación, alimentación, identidad y vivienda, y prohíbe expresamente los desalojos forzosos y la criminalización de personas sin techo. En la Ciudad, la ley 3.706 obliga al Ejecutivo porteño a implementar un abordaje integral, personalizado y con acceso garantizado a los Centros de Inclusión Social (CIS). Nada de eso se cumple.

Desde el colectivo organizador del censo denuncian que el gobierno de Jorge Macri —continuador de la línea de Horacio Rodríguez Larreta— subestima adrede la dimensión del problema para justificar la falta de inversión pública. “No hay políticas acordes porque no hay voluntad de reconocer cuántas personas realmente viven en la calle”, advirtieron. Y sumaron: “Los programas nacionales están desfinanciados, y los de la Ciudad, lejos de crecer, se achican cada año”.

El censo popular no sólo cuantifica el abandono, también lo denuncia. Y visibiliza lo que la gestión liberal busca barrer bajo la alfombra: que la calle es una forma extrema de exclusión social. No es una elección. Es la consecuencia de un modelo que ajusta hacia abajo, que arrasa con derechos, y que no encuentra mejor respuesta que la represión o la indiferencia.

"La calle no es un lugar para vivir, ni tampoco para morir", fue el mensaje central de la convocatoria. Detrás, una demanda que crece: presupuesto real, políticas públicas efectivas y el compromiso de un Estado que deje de castigar a quienes más lo necesitan.