Mientras se agrava la crisis energética en todo el país, el gobierno de Javier Milei traslada más costos a los hogares, recorta subsidios y libera el precio de las garrafas, afectando a millones de argentinos.

En medio del desabastecimiento de gas natural que se extiende por el país, el gobierno nacional aplicó nuevas medidas que profundizan el ajuste sobre los sectores populares. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aumentó por tercera vez en el año la sobretasa que pagan los usuarios fuera de las zonas frías, destinada a financiar el régimen de tarifas diferenciales. El recargo pasó del 6,2% al 6,4% y afecta a más de la mitad de los hogares del país.

Creado para aliviar el impacto tarifario en regiones con temperaturas más extremas, el régimen de zona fría fue ampliado en 2021 con impulso del diputado Máximo Kirchner, beneficiando a más de 4 millones de familias. Pero la gestión actual lo tilda de “electoralista” y prepara una reforma para recortar su alcance. Mientras tanto, ya comenzó a quitar el 50% de descuento en medidores secundarios, aunque pertenezcan a un mismo grupo familiar.

Además, el Ejecutivo eliminó los precios máximos para las garrafas de gas licuado, fuente primaria de energía para el 46% de la población, especialmente en zonas rurales y barrios populares. A través del decreto 446/2025, el ministro Sturzenegger justificó la liberalización de precios como un gesto “pro mercado”, desmantelando el sistema que aseguraba abastecimiento a precios accesibles. Ahora, los valores quedarán librados a la especulación privada.

Mientras se multiplica la demanda por las bajas temperaturas, la Cámara de Empresas de Gas Licuado advirtió que el sistema está tensionado y que podrían surgir desabastecimientos. En nombre de la eficiencia y el “libre mercado”, el gobierno vuelve a poner en riesgo derechos básicos como la calefacción o el acceso a una cocina digna. Ajuste puro, disfrazado de desregulación.