El polémico fallo que condena a Cristina Fernández de Kirchner se sostiene en bases frágiles: pruebas circunstanciales, contradicciones y un preocupante uso político del Poder Judicial, debilitando los cimientos democráticos.

FALLO QUE REFUERZA EL LAWFARE
El polémico fallo que condena a Cristina Fernández de Kirchner se sostiene en bases frágiles: pruebas circunstanciales, contradicciones y un preocupante uso político del Poder Judicial, debilitando los cimientos democráticos.
La reciente condena de Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Cámara de Casación no es simplemente una cuestión jurídica: es un nuevo capítulo del lawfare, ese fenómeno que ha logrado construir una narrativa de culpabilidad sin contar con las pruebas necesarias. Un análisis del fallo evidencia una serie de contradicciones y vacíos legales que, lejos de garantizar la justicia, apuntan a un uso político de la justicia, diseñado para debilitar a una figura clave de la oposición.
En primer lugar, la sentencia se cimienta sobre pruebas indirectas e inferencias, sin ofrecer elementos concluyentes que puedan establecer una relación causal directa entre los actos de la expresidenta y la supuesta administración fraudulenta. El estándar penal, que exige pruebas claras más allá de toda duda razonable, parece ser completamente ignorado en este caso. Sin evidencia directa, el tribunal construye una acusación cuya solidez se diluye en el aire de las inferencias y las especulaciones.
Otro punto alarmante es el uso de pruebas de otras causas, como los mensajes de texto y auditorías, que no fueron debidamente discutidas durante el juicio. Esto no solo vulnera el principio de oralidad, sino que también pone en duda la transparencia del proceso judicial. Al incorporar elementos ajenos, el tribunal socava la posibilidad de un juicio justo, uno en el que las pruebas presentadas sean evaluadas y confrontadas en el mismo contexto procesal.
Más preocupante aún es la contradicción interna del fallo. Mientras que se sostiene que ciertas decisiones políticas no pueden ser sometidas a juicio, como las políticas viales, se utiliza precisamente esa lógica para sostener la existencia de una supuesta maniobra delictiva. Al hacerlo, el tribunal introduce una ambigüedad sobre lo que es político y lo que es penal, dejando claro que la línea entre ambos se borra cuando interesa políticamente.
La cronología del caso también está plagada de incoherencias. Se asigna responsabilidad a Fernández de Kirchner sobre un “plan” que no existía en los términos descritos en la sentencia, ya que las pruebas que la implican surgen fuera del marco temporal de las acciones imputadas. La contradicción temporal entre los hechos y las decisiones atribuidas a la expresidenta no hace más que restar credibilidad a la acusación.
Sin embargo, lo más grave de este fallo es lo que no se menciona: el hecho de que la condena de la expresidenta no está sustentada por un beneficio personal claro derivado de los hechos acusados. El delito de administración fraudulenta implica, por definición, la obtención de una ganancia ilegítima. Sin embargo, el tribunal no ha logrado demostrar cómo Fernández de Kirchner se vio beneficiado directamente por las decisiones que tomaron sus colaboradores. El vacío en este aspecto refleja las falencias estructurales del caso.
La incorporación de hechos provenientes de otras causas, como Hotesur y Los Sauces, a pesar de que no deben formar parte del objeto procesal del caso en cuestión, también se utiliza para cimentar una condena que parece más política que judicial. Esta estrategia refuerza la idea de que el fallo está destinado a influir en la percepción pública, no a esclarecer los hechos con imparcialidad.
La justicia, por su parte, se ve cada vez más alejada de su función primordial: ser una garantía de los derechos de los ciudadanos. En lugar de aplicar la ley de manera objetiva e imparcial, se ha convertido en un instrumento de persecución que busca empañar la figura de uno de los principales actores políticos del país. No se trata de una búsqueda de la verdad, sino de un intento de debilitar a la oposición política y deslegitimar a un liderazgo en crecimiento.
La justicia, lejos de ser un pilar de la democracia y la defensa de los derechos, se ha transformado en una herramienta al servicio de intereses políticos. El fallo contra Cristina Fernández de Kirchner es solo uno de los muchos ejemplos de cómo se está utilizando el poder judicial para atacar a actores políticos, manipular la opinión pública y desvirtuar el principio de legalidad. Este proceso no solo pone en jaque la independencia del sistema judicial, sino que también subraya el riesgo de que la justicia se convierta en un instrumento de persecución ideológica en lugar de una garantía de los derechos de la ciudadanía.