Con una reforma regresiva, el gobierno de Javier Milei avanza en la destrucción del sistema de residencias médicas. El caso del Hospital Garrahan es el emblema: precarización, ajuste y una advertencia feroz a quienes eligen la salud pública.

El Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, oficializó este miércoles una medida que representa un golpe brutal contra la salud pública y la formación profesional en Argentina. Mediante la resolución 2109/25 publicada en el Boletín Oficial, se reformó el Sistema Nacional de Residencias Médicas y se eliminó de cuajo el reconocimiento laboral para quienes eligen formarse en hospitales públicos. El resultado: las residencias dejan de ser trabajo para convertirse en becas sin derechos. La residencia de Pediatría del Hospital Garrahan —una de las más reconocidas del país— es la primera víctima de este nuevo ajuste.

Lxs residentes del Garrahan denunciaron que el cambio implica una precarización salvaje: no más obra social, ni aguinaldo, ni aportes jubilatorios, ni licencias. Solo un “estipendio”. “No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro”, expresaron en redes. Traducido: el Estado deja de formar profesionales en condiciones dignas y empieza a expulsarlos.

El Gobierno, en un nuevo acto de cinismo, justifica el cambio como una “modernización” que pone fin al “desorden heredado del kirchnerismo”. La misma línea argumental que ya vimos para despedir científicos, cerrar programas sociales y destruir organismos técnicos. Milei y Lugones no reforman: desmantelan.

La respuesta fue inmediata. La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA ratificó un paro con movilización para el jueves 3 de julio a las 10 hs. desde Callao y Corrientes hasta el Ministerio de Salud. Además, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan convocó a paros de 24 horas para el 10 y el 17 de julio, y movilización nacional hacia Plaza de Mayo.

La medida también borra el carácter de “trabajador en formación” y ofrece dos “modalidades de beca”, una con el hospital y otra con el Ministerio. Pero ambas suponen la ruptura del vínculo laboral. El mensaje es claro: formar profesionales con derechos no está en los planes del gobierno. Prefieren precarizar, fragmentar y quebrar el sistema por dentro.

Lo que está en juego no es solo el futuro de lxs residentes: es el futuro mismo de la salud pública. Quieren un país donde curarse sea un privilegio, y no un derecho. Donde ser pediatra en un hospital público sea una hazaña, no una vocación posible. Donde formar parte del Garrahan sea un recuerdo, no una opción.