El Ministerio de Seguridad y la Justicia Federal desataron una cacería política contra militantes opositores en la provincia de Buenos Aires, a pedido del diputado ultraderechista José Luis Espert. Detenciones ilegales, allanamientos violentos y montaje mediático componen un cuadro de persecución intolerable que desnuda la judicialización de la política y la criminalización de la protesta.

El escenario es la provincia de Buenos Aires, donde, con el aval del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y bajo la férrea tutela de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, se desencadenó una operación represiva que suma ya cinco detenidos, entre ellos la concejala peronista Eva Mieri. Todo se originó a partir de una denuncia por un pasacalle con un insulto contra el diputado ultraliberal José Luis Espert, cuyo discurso es conocido por la violencia política explícita: “cárcel o bala” para sus opositores.

Las detenciones, que a último momento del miércoles mantenían a varias personas incomunicadas, forman parte de una maniobra política para amedrentar a quienes expresan disenso. Familias enteras fueron víctimas de allanamientos violentos y arbitrarios, en lo que los propios abogados y familiares denunciaron como una cadena del terror.

Marcos, hijo de Eva Mieri, relató el brutal impacto del operativo: “No es fácil despertarse con golpes de diez o quince policías. Somos militantes políticos, no nos escondemos ni nos doblegamos”. La voz quebrada de este joven es la imagen de un Estado que elige el miedo como forma de gobierno. Frente a esta ofensiva, los familiares y abogados denuncian flagrantes violaciones a la legalidad: allanamientos sin presencia judicial, impedimento para el acceso a defensa legal, y detenciones sin riesgo de fuga o entorpecimiento.

La ministra Bullrich no se privó de utilizar este operativo como propaganda, difundiendo fotografías humillantes de los detenidos, incluyendo una de Eva Mieri acompañada de una burla explícita en su cuenta de "X". Este acto de violencia simbólica se suma al régimen de violencia institucional que se despliega contra opositores.

Alexia Abaigar, primera detenida de esta serie, es funcionaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades bonaerense y comunicadora en temas de género. A ella se suman jóvenes militantes y trabajadoras sociales que encarnan la resistencia popular.

Las imputaciones legales invocan el artículo 213 bis del Código Penal, que persigue “agrupaciones que imponen sus ideas por la fuerza o el temor”, un instrumento jurídico que en este caso se aplica con un claro sesgo político para criminalizar la protesta social y la disidencia.

En palabras de Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y ex presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, “estamos en un país donde no rige el Estado de Derecho”, y denuncia el exceso punitivista que legitima la prisión preventiva como regla y no como excepción.

Desde la intendencia de Quilmes, Mayra Mendoza alertó: “Estamos viviendo una dictadura en democracia, no hay delitos, solo persecución política. Esto se mueve por odio y no por lógica jurídica.”

Organismos de derechos humanos suman su voz para exigir la libertad de las detenidas y detenidos y denuncian que la justicia se ha convertido en el brazo civil de una persecución política que destruye la democracia.

Este cuadro represivo se inscribe en un contexto donde la derecha en el poder despliega todas las herramientas para acallar la voz popular. Mientras funcionarios como Espert y Milei ejercen violencia impunemente contra activistas, periodistas y manifestantes, el Estado refuerza su aparato represivo para neutralizar la protesta y criminalizar la lucha.

La justicia no es neutra. En estos días se muestra como un engranaje activo en la persecución política, que busca imponer el miedo y la sumisión. La respuesta popular y democrática es resistir y exigir justicia real. Sin libertad política, la democracia está en jaque.