El gobernador bonaerense denuncia vínculos entre el presidente y la firma estadounidense que litiga contra la Argentina y reivindica la estatización de la petrolera como pilar estratégico nacional.

En medio del revuelo provocado por el reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a cruzar duramente al presidente Javier Milei. En una conferencia desde la Gobernación en La Plata, el mandatario bonaerense deslizó la existencia de vínculos entre el gobierno nacional y el fondo buitre Burford, parte interesada en el litigio.

“Vamos a iniciar investigaciones porque hay indicios de que Milei y su gobierno mantienen contacto con representantes de ese fondo”, aseguró Kicillof, aclarando que aún no puede confirmarlo, pero que el tema será profundizado. La acusación es grave y señala directamente al presidente como responsable de cualquier riesgo para la soberanía energética argentina.

Kicillof reprochó que Milei, en lugar de defender el interés nacional, se alinea con los demandantes del juicio contra YPF. “Está siempre del lado de los buitres, no del país; siempre a favor de la entrega y no de la soberanía”, enfatizó, marcando un claro contraste con la postura que promueve desde la provincia.

El gobernador también aprovechó para subrayar la importancia de la recuperación estatal de YPF en 2012, señalando que la privatización de los ’90, a manos de Repsol, fue “una verdadera desgracia para el país y su desarrollo”. Según Kicillof, bajo la gestión privada, Argentina pasó a ser deficitario en materia energética, y el potencial de Vaca Muerta simplemente no se hubiera podido explotar sin la estatización.

“Sin la expropiación no existiría Vaca Muerta ni la reactivación de la producción hidrocarburífera. El objetivo fue recuperar la empresa para defender los intereses nacionales, mancillados por Repsol”, sentenció.

Este nuevo capítulo del enfrentamiento político se enmarca en la disputa por el control de YPF, clave para la soberanía energética y el desarrollo nacional, y pone en evidencia las profundas diferencias entre la gestión provincial y el gobierno nacional bajo Milei.