El fallo de la justicia estadounidense que obliga a Argentina a ceder el control mayoritario de YPF a fondos buitres no es un hecho aislado: es la expresión más cruda de un proceso de saqueo sistemático del patrimonio nacional que comenzó décadas atrás y se profundiza con la actual avanzada del neoliberalismo. La defensa de YPF es hoy una bandera de resistencia imprescindible para recuperar la dignidad y el futuro del país.

En la madrugada del 30 de junio de 2025, la jueza Loretta Preska, en Nueva York, sentenció que Argentina debe transferir el 51% de las acciones de YPF al banco BNY Mellon, que actuará como receptor para los fondos buitres que exigen el pago de una condena de USD 16.100 millones. Este fallo, que podría convertir a YPF en una ficha más del juego especulativo global, vuelve a poner en el centro del debate la soberanía energética como cuestión política fundamental.

La larga lucha por la soberanía en YPF
La nacionalización de YPF en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fue un acto político de enorme significación. Liderada por la entonces presidenta y el ministro de Planificación Julio De Vido, la recuperación estatal de la petrolera fue un paso firme para retomar el control de recursos estratégicos, revertir la extranjerización y garantizar inversión pública en exploración y desarrollo tecnológico, especialmente en Vaca Muerta.

En aquella etapa también jugaron un papel crucial figuras como el gobernador neuquino Omar Gutiérrez, el dirigente petrolero Jorge Ávila, y referentes de la industria y la ciencia que vieron en la empresa un bastión para el desarrollo nacional. El peronismo popular entendió que YPF era la llave para una política energética soberana que alimentara el desarrollo social y productivo.

La política entreguista: Macri y sus secuaces
El quiebre llegó con la gestión de Mauricio Macri, que desde el 2015 puso en marcha una política explícita de entrega. No sólo frenó inversiones, sino que renunció a la inmunidad soberana ante tribunales extranjeros, un acto que abrió las puertas para el embargo judicial sobre YPF. Fue un gesto de rendición frente a los fondos buitres que Cristina había desafiado en 2012.

En este proceso, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, ex CEO de Shell, fue el brazo ejecutor de las políticas de privatización y ajuste, mientras que figuras como Alfonso Prat-Gay facilitaron la negociación con los acreedores externos, a costa del interés nacional.

El macrismo vació la empresa, dilapidó recursos y allanó el camino para que fondos especulativos, como Burford Capital y Petersen Energy, se hicieran con juicios y reclamaciones multimillonarias. Este entreguismo tuvo cómplices también en sectores judiciales y mediáticos que acompañaron la narrativa de “deuda legítima” para justificar el despojo.

El silencio y la complicidad de Milei
El actual gobierno de Javier Milei se presenta como un “rupturista” pero en materia energética no hizo más que profundizar la lógica entreguista. Aunque apeló el fallo, Milei no defendió a YPF como patrimonio nacional, sino que su discurso favorece la privatización total y el fin del Estado empresario.

Mientras se avanza en esta negociación judicial, el presidente guarda silencio o culpa a “los inútiles del pasado”, pero no presenta una estrategia sólida para proteger el activo más importante de la economía nacional. El avance del modelo libertario profundiza la desindustrialización y el debilitamiento del sector público.

YPF: un activo estratégico y valioso
Hoy, YPF tiene una capitalización bursátil de alrededor de USD 13.100 millones, pero su valor de empresa (que suma deuda neta) llega a unos USD 22.100 millones. Es la principal empresa del país, motor de inversión y empleo, con un plan de expansión en Vaca Muerta que proyecta duplicar la producción a 2,08 millones de barriles equivalentes por día hacia 2030.

Esta visión estratégica incluye una inversión histórica para posicionar a Argentina como un exportador clave de hidrocarburos no convencionales, con un valor potencial de mercado estimado en USD 25.000 a 30.000 millones en los próximos cinco años, un salto fundamental para la soberanía energética y económica.

La defensa popular como único camino
Frente a este escenario, la respuesta debe ser política y popular. La defensa de YPF no es sólo un reclamo jurídico, sino un acto de soberanía nacional y justicia social. El Congreso tiene la responsabilidad de rechazar cualquier transferencia unilateral y promover una política energética que priorice la producción y el trabajo argentino.

Referentes del peronismo, la izquierda y el movimiento obrero, como Sergio Massa, Victoria Donda, Hugo Yasky, y muchos otros, han expresado la necesidad de unidad y lucha para preservar YPF y sus recursos. También sindicatos como el de Petroleros Privados y la CTA Autónoma han demostrado un compromiso histórico con la defensa del patrimonio nacional.

Conclusión
El fallo de la justicia norteamericana no es un simple trámite judicial: es la avanzada del imperialismo financiero contra la soberanía argentina. La historia nos enseña que sólo con movilización, unidad y firmeza se puede enfrentar esta amenaza.

YPF es la batalla de fondo contra la entrega y la decadencia; es la defensa de un proyecto nacional, popular y soberano. La entrega y el silencio sólo garantizan el saqueo. El pueblo y sus dirigentes deben hacer oír fuerte la voz de la soberanía.