Organismos de derechos humanos, gremios y organizaciones feministas denunciaron la detención como un caso de persecución política. La funcionaria bonaerense fue trasladada a un penal federal sin pruebas firmes en su contra.

Referentes de derechos humanos, dirigentes sindicales, agrupaciones feministas y militantes del campo popular se concentraron este lunes frente al Palacio de Tribunales para exigir la inmediata liberación de Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, detenida desde el viernes por su presunta participación en un escrache contra el diputado libertario José Luis Espert.

La jornada incluyó una conferencia de prensa en la que se denunció la prisión como una medida arbitraria, desproporcionada y de carácter político. Abaigar —directora de Sensibilización y Promoción de Derechos— fue trasladada e incomunicada en un penal federal sin que existan pruebas firmes de su participación directa en el hecho, ni antecedentes que justifiquen semejante despliegue represivo.

“Estamos muy preocupados. Lo que está ocurriendo con Alexia es una vulneración gravísima de las garantías constitucionales. Es una compañera visible, sin fuga posible. Lo que hay acá es un mensaje de disciplinamiento”, denunció el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, presente en la convocatoria.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también participó de la protesta y difundió un comunicado en el que calificó la detención como “violenta, arbitraria y política”, en el marco de una escalada represiva que, advierten, busca “amedrentar, eliminar la oposición y recortar el derecho a protestar”.

El caso cobró notoriedad pública luego de que Espert denunciara que un grupo de personas arrojó estiércol frente a su domicilio. Aunque no hay pruebas de que Abaigar haya participado del hecho, la Justicia actuó con una velocidad inusual, dictando prisión preventiva e incomunicación, medidas que ni siquiera corresponderían en caso de que se comprobara su intervención. El hecho, por su naturaleza, encuadraría como una contravención.

En paralelo, declaraciones del propio Espert pidiendo “cárcel o bala” para opositores o posteos de legisladores como Juan Pablo Arenaza —quien escribió “antes de tirar mierda lo va a pensar mil veces”— no recibieron respuesta judicial alguna. Las denuncias por incitación a la violencia política permanecen archivadas.

La detención de Abaigar se da en un contexto de hostigamiento sistemático a periodistas, dirigentes sociales y funcionarias vinculadas al campo nacional y popular. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aparece como la principal promotora de este endurecimiento represivo, con el aval político del presidente Javier Milei.

Durante la conferencia, también se denunció que el proceso judicial opera con un doble estándar que criminaliza selectivamente a mujeres, militantes y trabajadores del Estado identificados con políticas de derechos. “La justicia actúa como apéndice del Poder Ejecutivo. No hay legalidad ni proporcionalidad: hay persecución política”, señalaron desde la organización del acto.

La concentración frente a Tribunales fue el primer gesto público de repudio y defensa colectiva. Organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y referentes del movimiento feminista exigieron su inmediata libertad y denunciaron que se trata de un caso de prisión política.