La respuesta gremial no tardó en llegar tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la prisión e inhabilitación de la expresidenta.

El movimiento sindical peronista activó una rápida y enérgica reacción luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En un contexto de creciente tensión política, varios gremios convocaron a medidas de fuerza que incluyen paros y protestas, denunciando una avanzada judicial con fines políticos.

ATE Capital encabezó las primeras respuestas, declarando un paro activo y convocando a una movilización bajo la consigna que ya resuena en las calles: “Defender a Cristina es defender la democracia”. La conducción del sindicato, con Daniel “Tano” Catalano al frente, participó en reuniones con otras organizaciones gremiales y políticas, en un espacio donde estuvo presente la propia Cristina Fernández.

Por su parte, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) difundieron un comunicado conjunto que calificó el fallo como un “operativo judicial”. Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy acusaron a la Corte de actuar como brazo ejecutor de los sectores concentrados de poder, afirmando que la sentencia contra CFK ya estaba decidida antes del inicio del juicio.

Desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a más de 30 sindicatos del sector, también rechazaron el fallo. Bajo la conducción de Juan Carlos Schmid, la organización advirtió sobre la creciente utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución política, especialmente en épocas electorales, a través de sentencias irregulares y campañas mediáticas que buscan condicionar la voluntad popular. Schmid comparó esta situación con la persecución judicial que sufrió Lula da Silva en Brasil, remarcando que “no habrá democracia plena sin la libre participación de todos y todas”.

Este clima de confrontación se profundiza ante un malestar cada vez más evidente hacia el gobierno nacional desde ciertos sectores gremiales, que critican una actitud cerrada ante las demandas sociales y políticas. Andrés Rodríguez, titular de UPCN, definió la relación con el Ejecutivo como un “conflicto continuo”.

Finalmente, desde el Instituto Patria se anticipan nuevas medidas y movilizaciones, en un escenario que vuelve a poner en el centro la histórica pulseada entre el sindicalismo popular y el aparato judicial.

La condena a Cristina Fernández reactiva así un frente clave de resistencia, donde el movimiento obrero vuelve a tomar un rol protagónico en la defensa de la democracia y las conquistas sociales.