Con un fallo político y arbitrario, el máximo tribunal confirmó la condena contra la expresidenta en la causa Vialidad, sellando una avanzada judicial que apunta a sacarla de la cancha electoral y a debilitar el proyecto nacional y popular.

Este martes 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia profundizó el lawfare en Argentina al ratificar la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, en un fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La resolución no solo clausuró todas las instancias judiciales para la exmandataria, sino que expuso la impunidad con la que actúa el poder judicial para amordazar la voluntad popular y desmantelar la democracia.

El tribunal desestimó sin fundamentos sólidos los recursos presentados por la defensa, con el argumento falaz de que los planteos “no refutan de forma específica” la condena previa, cuando en realidad la acusación se sostiene sobre interpretaciones jurídicas cuestionadas, pruebas sesgadas y una evidente parcialidad que ha sido denunciada a lo largo de todo el proceso.

Esta condena, que además alcanza a empresarios y exfuncionarios del gobierno nacional, no es más que un dispositivo político para impedir que Cristina compita en las elecciones bonaerenses, atentando contra el derecho democrático más básico: la participación política.

El fallo representa un golpe institucional y un escarmiento para todo el peronismo y las fuerzas populares que construyeron en estos años avances sociales y laborales históricos, hoy bajo fuego cruzado de las corporaciones judiciales y mediáticas. La estrategia de proscripción judicial busca neutralizar a quienes desafían el modelo concentrador y ajustador de la derecha neoliberal.

Desde distintos sectores políticos y sociales se denuncia que esta maniobra se asemeja a las peores prácticas del pasado: la judicialización de la política y la persecución de referentes populares, con ecos que remiten a la proscripción sufrida por Juan Domingo Perón tras el golpe de 1955. La Corte eligió alinearse con un poder hegemónico que no tolera la voz del pueblo ni la defensa de la soberanía.

La sentencia marca un antes y un después en la relación entre la Justicia y la democracia en Argentina, donde un puñado de jueces ha asumido el rol de verdugos políticos, usurpando funciones y socavando la voluntad popular expresada en las urnas.