El Grupo de Puebla y CLAJUD lanzaron una campaña global para denunciar la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, en medio de un fallo inminente de la Corte Suprema que podría confirmar su condena y dejarla fuera de las elecciones bonaerenses.

La campaña conjunta de estas organizaciones regionales y progresistas pone en foco la gravedad institucional del proceso contra la expresidenta, al que califican de “arbitrario y viciado”, y advierten sobre la violación del derecho a la defensa y a la participación política. Denuncian la causa Vialidad como un armado impulsado desde el gobierno de Mauricio Macri para condenar sin pruebas directas, con teorías jurídicas cuestionadas como la imputación objetiva, que responsabilizan a Cristina por actos de funcionarios subordinados. El comunicado alerta sobre una peligrosa regresión en el derecho penal, que afectaría no solo a una persona, sino a la democracia misma.

En un contexto electoral convulsionado, recuerdan la paralela con el caso Lula en Brasil, donde la justicia fue usada para impedir la participación política del expresidente, y anticipan que Cristina podría enfrentar una detención domiciliaria. Por eso, el Grupo de Puebla y CLAJUD intensificarán la visibilidad del caso en medios internacionales y foros jurídicos, y presentarán un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de confirmarse la condena.

Entre los firmantes figuran expresidentes y líderes progresistas de América Latina y España, además del respaldo jurídico para defender a Cristina en la arena internacional. El llamado es a la comunidad global para seguir con atención la situación argentina y denunciar la conexión entre sectores judiciales y medios concentrados que, según advierten, atentan contra la democracia.

El foro subraya que un fallo judicial con criterios políticos pondría en riesgo la separación de poderes y la salud institucional del país, afectando al conjunto del peronismo, responsable de avances sociales y derechos ciudadanos en los últimos años. En este escenario, el respaldo internacional busca fortalecer la defensa democrática frente a una amenaza que excede lo personal y pone en jaque la representación popular.