El posible fallo de la Corte Suprema que ratifique la condena contra Cristina Fernández de Kirchner tensiona al peronismo y pone en alerta a la democracia argentina. Desde el Instituto Patria se organiza un plan de lucha ante una proscripción que su entorno califica como un ataque político.

En las próximas semanas, la Corte Suprema de Justicia podría confirmar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, lo que implicaría seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sacándola de la carrera electoral en la provincia de Buenos Aires. El entorno de la expresidenta alerta: “Este no es un problema de Cristina, es un problema de la democracia. Si se ratifica la condena, se termina la democracia que supimos construir desde el ’83 y empieza la democracia con proscripciones, como en la época de Perón”.

Frente a esta situación, el Instituto Patria convocó para el lunes a una reunión con amplios sectores del peronismo, organizaciones sociales, sindicales y referentes populares para definir un plan de acción que contenga y movilice a la militancia. La jornada será, además, una escucha activa a los reclamos populares en un contexto de estado de alerta y movilización. A las 18, Cristina volverá a salir a escena pública encabezando un homenaje a los fusilados de José León Suárez desde la sede del Partido Justicialista nacional.

La decisión de la Corte Suprema, que ya rechazó un pedido de recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti, se espera que tome una de tres vías: ratificar la condena firme sin revisión de fondo, aceptar la ampliación del pedido fiscal para aumentar la pena a 12 años, o abrir la causa para analizar en profundidad el expediente. Sin embargo, la velocidad con que se avanza, acelerada tras el anuncio de la candidatura de CFK en la tercera sección electoral, deja pocas dudas sobre el carácter político del proceso.

Desde el círculo cercano a Cristina apuntan directamente a sectores económicos concentrados y figuras políticas como Mauricio Macri y Javier Milei, que presionan para eliminar su figura política del tablero. En ese sentido, alertan sobre la avanzada judicial como método para impedir la competencia electoral y critican los intentos fallidos de reformas legislativas que buscaban limitar candidaturas, como la ley Ficha Limpia.

Las acusaciones de proscripción no son nuevas en la historia del peronismo. Su entorno recuerda con dureza la “Revolución Libertadora” de 1955 y advierten que hoy sólo falta “bombardear Plaza de Mayo” para repetir viejos métodos. Desde la Casa Rosada, sin embargo, niegan la intención de encarcelar a CFK y se muestran interesados en un escenario electoral abierto, aunque esta versión es desmentida desde el propio entorno de la expresidenta, que tilda a esos sectores de “falsos e hipócritas”.

El clima de tensión se expresó también en declaraciones de referentes peronistas. Leopoldo Moreau denunció la intención de resolver la causa en tiempo récord con un claro fin político y pidió cautela frente a la manipulación judicial. Oscar Parrilli anticipó una reacción militante contundente en caso de que la Corte confirme la condena y aseguró que la sociedad no aceptará pasivamente una medida que consideran arbitraria.

En medio de este escenario complejo, el peronismo se enfrenta a sus propias divisiones internas. La ausencia confirmada de gobernadores y la tensa relación con Axel Kicillof revelan una fractura que podría acentuarse si la Corte hace firme la condena. En paralelo, se sigue de cerca la evolución de las discusiones internas para el armado de listas en la provincia de Buenos Aires, mientras la fecha límite para la inscripción electoral se acerca.

Así, la inminente definición judicial abre un nuevo capítulo de crisis política en Argentina, con el peronismo en pie de lucha, alertando sobre la defensa de la democracia y la soberanía popular. En ese marco, la figura de Cristina Fernández de Kirchner se mantiene como el eje central de la disputa, símbolo de resistencia para un sector amplio del campo nacional y popular.