Trabajadores y trabajadoras tomaron el edificio central de Maipú 555 en defensa de los medios públicos. Denuncian sueldos congelados, incumplimiento de paritarias y vaciamiento institucional bajo el gobierno de Javier Milei.

El edificio de Radio Nacional fue ocupado este jueves por sus propios trabajadores y trabajadoras como parte de una protesta inédita contra el ajuste salvaje que atraviesan. La medida fue impulsada por las comisiones internas de prensa, técnicos y locutores ante el deterioro general de las condiciones laborales, el congelamiento salarial desde hace un año y la parálisis de las negociaciones paritarias. A esto se suma una política sistemática de vaciamiento que amenaza con desmantelar uno de los pilares históricos de la comunicación pública en Argentina.

La protesta no se limitó a lo simbólico. Desde temprano, las y los trabajadores organizaron una permanencia pacífica dentro del edificio de Maipú 555, visibilizando con carteles, transmisiones autogestionadas y actividades abiertas el estado de abandono al que fueron empujados por la gestión de La Libertad Avanza. La radio pública más federal del país está operando hoy con equipamiento obsoleto, sin inversión ni planificación, y con salarios que, en muchos casos, no alcanzan la línea de pobreza.

El contraste con los privilegios de la casta legislativa oficialista potencia la bronca. Mientras las voces profesionales que sostienen el aire de Radio Nacional pelean por lo mínimo, figuras como la diputada libertaria Juliana Santillán —viralizada por escribir “cluacas” en redes sociales— perciben más de cinco millones de pesos mensuales sin otro mérito que insultar desde una banca legislativa. La indignación crece frente a un doble discurso que promete austeridad pero se aplica con crueldad sólo sobre los sectores populares.

Lejos de ser un hecho aislado, la ocupación del edificio de Radio Nacional forma parte de una ola de resistencias coordinadas en los medios públicos: Télam, TV Pública y diversas radios provinciales atraviesan situaciones similares. En todos los casos, el gobierno nacional aplica una misma receta: ajuste presupuestario, desarticulación de equipos de trabajo, intentos de privatización y una clara intención de silenciar las voces críticas.

Con una consigna que recorrió cada rincón de la emisora —“No vamos a permitir que destruyan Radio Nacional”—, la acción fue también un grito colectivo en defensa de la comunicación como derecho, de la memoria como patrimonio y de la soberanía como proyecto político. El ajuste no pasa sin resistencia, y en el aire de la radio pública todavía hay muchas voces dispuestas a dar la pelea.