Sin participación de provincias, sindicatos ni cámaras empresarias, el Gobierno reactivó unilateralmente el organismo encargado de legislar las reformas del Pacto de Mayo.

Casi un año después de su creación y sin avances concretos desde su anuncio con tono refundacional, el Gobierno nacional resolvió por decreto la integración del Consejo de Mayo, el órgano que debería motorizar las leyes derivadas del pacto propuesto por Javier Milei. La decisión se tomó sin la participación de los sectores que debían nominar a sus representantes: ni provincias, ni gremios, ni entidades empresarias.

A través del Decreto 382/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el presidente formalizó la nueva conformación del Consejo, que desde julio de 2024 permanecía paralizado. La medida modifica el artículo 5° del decreto original (617/2024) y habilita al Poder Ejecutivo a designar directamente a los consejeros, bajo el argumento de que los sectores involucrados no presentaron propuestas.

El nuevo esquema confirma que el Consejo será presidido por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien también refrenda el decreto. Lo acompañarán seis representantes: Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del pacto y CABA; Carolina Losada por el Senado; Cristian Ritondo por Diputados; Gerardo Martínez (UOCRA) por las centrales sindicales; Martín Rappallini (UIPBA) por las cámaras empresarias; y un miembro adicional designado por el Poder Ejecutivo, aún sin nombre conocido.

Además, se crea una Secretaría Técnica a cargo de María Cecilia Domínguez Diacoluca, con funciones de coordinación interna y asistencia a la presidencia del órgano, sin retribución salarial.

El Consejo de Mayo fue anunciado como una herramienta para institucionalizar el contenido del pacto lanzado por Milei en Córdoba, orientado a reconfigurar el orden económico, político y social del país bajo los lineamientos del oficialismo. Sin embargo, en los hechos, nunca llegó a funcionar. La ausencia de designaciones por parte de los actores convocados dejó al organismo en suspenso durante más de 300 días.

Frente a ese escenario, el Gobierno optó por intervenir el proceso, dejando de lado la construcción de consensos y asumiendo el control total del Consejo. Lejos de representar un espacio plural, la nueva conformación expone la estrategia de consolidar un rumbo unilateral, sin deliberación democrática ni representación real de los sectores que el propio decreto dice incorporar.