Las dos CTA se presentaron ante la Justicia para frenar el avance del gobierno sobre las garantías constitucionales del movimiento obrero.

La ofensiva del gobierno nacional contra los derechos laborales sumó esta semana un nuevo capítulo judicial. Las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de lxs Trabajadorxs presentaron ante la Justicia Nacional del Trabajo una acción de amparo con pedido de medida cautelar para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 3 del DNU 340/2025. Ese decreto, firmado por Javier Milei y su gabinete, modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 ampliando de forma arbitraria el concepto de “servicios esenciales” y fijando que durante una huelga debe mantenerse una cobertura mínima del 75% en esos sectores, y del 50% en actividades consideradas “de utilidad pública”.

El reclamo apunta a frenar el vaciamiento del derecho de huelga y a denunciar la intromisión del Poder Ejecutivo en competencias que le son ajenas. Según argumentaron las centrales sindicales, el DNU viola la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional —especialmente los convenios 87 y 98 de la OIT— y la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551. En los hechos, la norma convierte a la huelga en un instrumento simbólico sin capacidad real de presión, afectando gravemente la libertad sindical y el ejercicio pleno de la acción colectiva.

“No hay ni necesidad ni urgencia que justifiquen esta intromisión”, advirtieron los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA-T), quienes firmaron el amparo. Ambas organizaciones reclaman la suspensión inmediata del artículo cuestionado y su nulidad definitiva. La presentación judicial se suma a la realizada semanas atrás por la Confederación General del Trabajo.

Desde las centrales reafirmaron que seguirán defendiendo la huelga como herramienta legítima del pueblo trabajador en su lucha por salarios, condiciones de trabajo y dignidad.