El anuncio de un incremento salarial exclusivo para residentes deja afuera al 90% del personal. ATE denuncia amenazas, sanciones y ausencia de diálogo real.

El Gobierno nacional anunció un aumento que llevaría el sueldo de los médicos residentes del Hospital Garrahan a $1.300.000 a partir de julio. Pero lejos de resolver el conflicto, la medida profundizó la crisis interna en el principal centro pediátrico del país: el beneficio no incluye a la planta permanente, técnicos, administrativos ni a otros sectores que garantizan el funcionamiento cotidiano del hospital. La respuesta sindical fue inmediata: calificaron la propuesta como “insuficiente, parcial y excluyente”.

Desde ATE Garrahan recordaron que la huelga de residentes continúa por tiempo indeterminado, y denunciaron que la única reacción oficial fue un anuncio limitado en lo salarial y cargado de amenazas. El Ministerio de Salud deslizó posibles sanciones, descuentos y la “no aprobación” de la residencia a quienes participen de la protesta. “Quieren disciplinar con miedo porque no quieren discutir en serio. Pero no hay salud pública sin trabajadores”, advirtieron.

A una semana de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, no se convocó a ninguna mesa de diálogo ni se ofreció una solución integral. En ese contexto, los trabajadores organizados convocaron a una nueva asamblea general para este martes 3 de junio a las 13 horas. Allí se definirán los pasos a seguir, entre los que no se descartan nuevas medidas de fuerza. “Nos quieren enfrentar, pero vamos a seguir unidos: nadie sobra en el Garrahan”, sostuvieron.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo se insiste en relativizar el conflicto. Voceros oficiales como Manuel Adorni y Cecilia Loccisano minimizaron el reclamo, e incluso el presidente Javier Milei apuntó contra el personal del hospital en redes sociales. ATE respondió con dureza: “Desde diciembre la administración está en manos del Gobierno. Si hay irregularidades, que se hagan cargo. No hay ñoquis, hay precarización”.

En medio del deterioro de las condiciones laborales, la fragmentación salarial y la negativa oficial al diálogo, el Garrahan funciona con servicios restringidos y un clima de tensión creciente. La salud pública, cada vez más arrinconada por el ajuste, encuentra en sus trabajadores la última trinchera.