Un informe de la CPM reveló que la violencia estatal bajo el gobierno de Milei ya dejó más heridos que en todo el año pasado. Hay periodistas, jubilados y menores entre las víctimas.

La represión volvió a instalarse como método de gobierno. En apenas cinco meses, las fuerzas de seguridad federales y porteñas bajo el mando de Patricia Bullrich provocaron más heridos en protestas que durante todo el año pasado. Así lo reveló la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que registró 1231 personas lesionadas y 132 detenciones desde enero. El número supera al total de 2024, y expone un esquema represivo sostenido y creciente, con foco en las movilizaciones frente al Congreso Nacional.

El informe se basa en el monitoreo de 25 protestas recientes. Entre los heridos se cuentan trabajadores de prensa, integrantes de organismos de derechos humanos y menores de edad. Las lesiones incluyen golpes, quemaduras químicas, síncopes, ataques de pánico y heridas contusas. “La represión se volvió parte del paisaje político y la justicia no responde”, denunció Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.

La mecánica se repite cada semana: despliegues masivos de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y efectivos porteños, vallas que impiden la circulación, encierros en esquinas o veredas y represión sin diálogo. El operativo no distingue entre manifestantes, jubilados, artistas o curas, y termina con palazos, gases y detenciones arbitrarias. El protocolo del Ministerio de Seguridad, lejos de ordenar el espacio público, lo transforma en un territorio de excepción.

El caso más extremo ocurrió el 12 de marzo, cuando fueron detenidas más de 114 personas. Ese día, el fotógrafo Pablo Grillo fue herido en la cabeza por un cartucho de gas. La jubilada Beatriz Blanco terminó con una herida abierta en el cráneo. Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, perdió la visión de un ojo. En todos los operativos, la CPM identificó tareas de inteligencia ilegal.

Pese a la gravedad de los hechos, no hubo avances judiciales. Las 13 denuncias penales y los dos habeas corpus presentados no prosperaron. “No hay voluntad institucional de frenar esta violencia. También son responsables jueces y fiscales que miran para otro lado”, remarcó García.

Sin embargo, las protestas continúan. Cada miércoles, un grupo de jubilados, militantes, poetas, curas y vecinos se planta frente al Congreso. “No vamos a parar. Esto es mucho más que una movilización de jubilados. Es el malestar de un pueblo que todavía no explotó, pero que está harto”, dijo el padre Paco Olveira. Y agregó: “Nos quieren disciplinar a palos. Pero no les tenemos miedo”.