La CGT fue a la Justicia para frenar el DNU 340/2025, que ataca el derecho de huelga. Lo presentó ante el fuero laboral y denuncia que Milei busca disciplinar al movimiento obrero.

El conflicto entre el gobierno nacional y el movimiento sindical entró en una nueva fase. Este lunes, la Confederación General del Trabajo presentó ante la Justicia una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del DNU 340/2025, con el que Javier Milei intenta restringir el derecho de huelga bajo la excusa de regular los “servicios esenciales” y las “actividades trascendentales”. La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana, e interpela directamente los límites constitucionales del Poder Ejecutivo.

El planteo de la CGT se apoya en dos argumentos centrales. Por un lado, que un derecho garantizado por la Constitución y los tratados internacionales no puede ser modificado por decreto. Por el otro, que no existen las condiciones de necesidad y urgencia que justificarían su dictado. “No hay Congreso cerrado, ni emergencia que habilite este atropello”, argumenta el texto, que recuerda que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional prohíbe expresamente que el Ejecutivo legisle en estas materias.

Lejos de un tecnicismo judicial, el conflicto refleja una disputa política de fondo: el intento del gobierno de desarticular las herramientas de lucha del sindicalismo, en un escenario social cada vez más crítico. La central obrera advierte que el decreto es un intento de vaciar el derecho de huelga al imponer exigencias que tornan inviable cualquier medida de fuerza. En lugar de proteger derechos, el gobierno busca anularlos.

El DNU fue publicado en el Boletín Oficial el miércoles pasado. Bajo la apariencia de una reforma en la Marina Mercante, introduce una redefinición del régimen de huelga que obliga a garantizar un 75% de cobertura en servicios esenciales y un 50% en actividades consideradas “trascendentales”, una figura ambigua y arbitraria que abre la puerta a todo tipo de restricciones.

Para la CGT, el objetivo es claro: condicionar el ejercicio del conflicto y disciplinar a las organizaciones sindicales. El texto judicial, al que accedió Infogremiales, afirma que se trata de una “limitación directa a la capacidad de acción gremial, que consolida relaciones laborales desiguales en favor de los empleadores”.

El amparo es la primera respuesta institucional del sindicalismo al DNU, pero no será la única. La semana pasada, la central había anticipado que rechazaría el decreto “en los tribunales, en la calle y en los lugares de trabajo”. El paso dado ahora ante la Justicia busca sentar un precedente, pero también prepara el terreno para una respuesta más amplia que incluya medidas de fuerza si el gobierno insiste con su agenda de demolición de derechos laborales.