La Cámara Latinoamericana del Litio pidió indagar a empresarios y funcionarios por una pérdida estimada en más de 400 millones de dólares. Denuncian un esquema sistemático de subfacturación y acusan complicidad estatal.

Una ampliación clave se presentó en las últimas horas ante la Justicia Federal en la causa 3309/23, que investiga presuntas maniobras fraudulentas en el comercio exterior del litio. El denunciante, Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, aportó un documento con datos técnicos, cuadros comparativos y cálculos que describen un supuesto mecanismo sistemático de subfacturación por parte de las principales empresas exportadoras del país. El escrito estima pérdidas para la Argentina por más de 400 millones de dólares en lo que va de 2024.

La denuncia alcanza a firmas como Minera del Altiplano, Minera Exar, Sales de Jujuy y Puna Mining, que en conjunto declararon ventas por más de 608 millones de dólares. Según el análisis técnico-económico presentado, durante este año se registró un valor promedio de USD 8.889 por tonelada FOB, frente a un precio internacional de referencia de USD 15.157 por tonelada de carbonato de litio grado batería. La diferencia representa una subfacturación sistemática que, según la Cámara, constituye un “vaciamiento estructural” de los recursos estratégicos nacionales.

El documento, titulado “Ampliación de la Denuncia de la Cámara Latinoamericana del Litio”, solicita medidas concretas: citar a indagatoria a los responsables denunciados, requerir la documentación contable y societaria de las empresas, aplicar medidas cautelares para proteger el patrimonio nacional y determinar la eventual responsabilidad penal de funcionarios públicos de la Secretaría de Minería, organismos provinciales y entes recaudadores.

En paralelo, Rutigliano desmintió públicamente una nota difundida por la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que anticipaba un “récord histórico” de exportaciones para 2025. La calificó como “relato especulativo” y acusó a ambas entidades de manipular la percepción pública “sin respaldo técnico”.

“El litio es exportado sin control estatal alguno, sin precios de referencia y sin garantizar la soberanía económica del recurso. No hay mercado interno, ni estrategia nacional. Solo hay saqueo”, afirmó la Cámara. Además, anunciaron un monitoreo mensual de precios internacionales frente a los valores declarados por empresas argentinas, para registrar de forma continua el perjuicio económico que, mes a mes, se traduce en cifras millonarias.

El informe judicial también denuncia que “el actual esquema favorece la cartelización del sector minero y reproduce una lógica de enclave colonial”. Por eso reclaman que el litio sea declarado recurso estratégico y que toda política pública en la materia se base en datos verificables y accesibles para la sociedad.

Mientras los grandes conglomerados obtienen ganancias extraordinarias, el país se hunde en una matriz extractivista sin control democrático, sin planificación soberana y con complicidades al más alto nivel del Estado. La denuncia está hecha. Ahora la Justicia tiene la palabra.