La filtración del Plan de Inteligencia Nacional desató una ofensiva oficial contra el periodismo. El Gobierno niega el espionaje, pero lanza advertencias que reeditan viejas prácticas del Estado secreto.

El Gobierno de Javier Milei volvió a cruzar una línea sensible en democracia: tras la filtración del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), la Oficina del Presidente lanzó un comunicado que, lejos de brindar explicaciones, acusó a gestiones anteriores, negó el uso de la SIDE para el espionaje interno y amenazó con represalias a los medios que divulguen su contenido. “Podría constituir un delito federal”, sentenció el texto, dirigido a quienes difundan detalles del plan secreto que hoy controla la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El hecho fue revelado por el diario La Nación, que expuso fragmentos de un documento oficial donde se plantea realizar un seguimiento sobre quienes “erosionen la confianza pública” en el Gobierno. La expresión, de peligrosísima ambigüedad, encendió alarmas por la posible reedición de prácticas de inteligencia prohibidas por ley desde el retorno de la democracia.

En lugar de desmentir con claridad, el comunicado presidencial se jactó de ser “el primer gobierno en décadas que no utiliza la SIDE para perseguir a opositores”. Acto seguido, acusó a las gestiones anteriores de “destruir el sistema” por supuestos usos partidarios. Pero no explicó por qué el PIN contiene referencias directas a tareas de control interno sobre voces críticas, ni quién lo redactó, ni qué rol tendrá la SIDE en ese esquema.

El responsable de conducir la agencia de inteligencia es Sergio Neiffert, un funcionario sin formación en seguridad ni experiencia en el área, vinculado al exintendente massista Jesús Cariglino. Fue nombrado por Milei en junio de 2024, en el marco de una purga interna que concentró el poder en manos de leales sin antecedentes, con perfiles que oscilan entre el marketing y el negocio deportivo.

La ofensiva no se limita al espionaje: el Gobierno también volvió a cargar contra el periodismo. La advertencia de que divulgar el PIN puede ser delito se suma a una escalada discursiva donde funcionarios libertarios instan a “odiar más” a periodistas y medios críticos. Las amenazas, que recuerdan los años más oscuros del Estado clandestino, llegan en un contexto de represión creciente y criminalización de la disidencia social.

Organizaciones de derechos humanos, sectores sindicales y espacios del campo nacional ya alertaron sobre el peligro de normalizar prácticas de inteligencia política bajo el ropaje de la “reconstrucción institucional”. La memoria reciente demuestra que cuando la SIDE actúa sin control ni transparencia, los más perjudicados son siempre los trabajadores, los militantes y quienes alzan la voz en defensa de los sectores populares.

A 40 años del fin de la dictadura, resulta inaceptable que el Estado avance en el silencio, el espionaje y la censura. La democracia no se defiende con agentes secretos ni carpetazos: se defiende con verdad, con libertad de prensa y con un pueblo informado.