El gobierno restringió el acceso a periodistas con un nuevo sistema de acreditación basado en métricas de audiencia y criterios discrecionales.

El vocero presidencial Manuel Adorni firmó una resolución que limita el ingreso de periodistas a la Casa Rosada, en un nuevo intento del gobierno de Javier Milei por restringir el acceso a la información pública. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizara un tenso cruce con un periodista que lo interpeló por el supuesto blanqueo de dólares no declarados.

La disposición deroga el esquema anterior y establece requisitos adicionales para cronistas y medios, incluyendo una “matriz de evaluación objetiva” que pondera variables como la medición de audiencias. Según el nuevo reglamento, solo podrán ingresar 25 personas a la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” y 36 a la Sala de Conferencias, a pesar de que la nómina actual de acreditados supera los 80 trabajadores de prensa.

Entre los requisitos, se exige a los solicitantes documentación sobre su trayectoria profesional y métricas verificables de alcance. Pero la norma también impone restricciones de comportamiento: se deberán respetar “reglas de convivencia”, mantener un trato “respetuoso” y asistir con “vestimenta formal”. Aunque no lo diga abiertamente, todo apunta a restringir la posibilidad de repreguntar y condicionar el contenido de las coberturas.

La resolución deja en manos de la Subsecretaría de Prensa, bajo la órbita del propio Adorni, la potestad de definir qué medios pueden acceder y cuáles no. De este modo, la gestión de La Libertad Avanza consolida un esquema de prensa selectiva, con periodistas dóciles y acreditaciones a medida.

Lejos de garantizar el derecho a la información, el Ejecutivo avanza en una estrategia sistemática de blindaje mediático, similar a la que ya aplicó con organismos públicos, universidades y actores sindicales. La libertad de prensa, como tantas otras libertades, queda cada vez más condicionada por un gobierno que se proclama libertario pero actúa con lógica autoritaria.